La presentación había sido realizada por la abogada Cielo Petit, quien cuestionó la imputación formulada por la fiscal Daniela Montangie. Sin embargo, tras analizar los argumentos expuestos, el magistrado concluyó que la acusación se encuentra correctamente formulada y que reúne los requisitos legales necesarios para continuar con la investigación.
En su resolución, Guerrero examinó las distintas causales de sobreseimiento planteadas por la defensa y sostuvo que la imputación contiene una descripción concreta y precisa de los hechos investigados, detallando tiempo, lugar, conducta atribuida y calificación legal. Por ese motivo, rechazó el pedido de nulidad y tampoco hizo lugar al sobreseimiento solicitado.
Asimismo, el juez entendió que existe verosimilitud respecto de los hechos que son objeto de investigación, por lo que consideró prematuro cerrar la causa en esta etapa procesal.
El eje de la investigación
La causa judicial gira en torno a una resolución firmada durante la gestión de Cresto mediante la cual fueron designados Ignacio Caprarulo y la firma CETW Brokers S.A. como productores de seguros para la Municipalidad de Concordia.
Según surge de la investigación, en los fundamentos de dicha resolución se hacía referencia a tareas de carácter educativo, capacitaciones y charlas destinadas al municipio y a organismos autárquicos. Sin embargo, en la parte resolutiva del documento se establecía la designación de los mencionados como productores de seguros.
Otro de los aspectos observados por los investigadores es que la resolución señalaba que la tarea sería desempeñada “ad honorem”. No obstante, la pesquisa sostiene que la actividad de los productores de seguros contempla el cobro de comisiones abonadas por el sistema asegurador, en este caso vinculadas al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la participación de un productor de seguros habría resultado innecesaria, dado que la Municipalidad contrataba las coberturas directamente a través del organismo provincial.
Los imputados
Cabe recordar que en diciembre de 2025 fueron imputados en esta causa Enrique Cresto, el exsecretario de Gobierno Aldo Álvarez, el actual funcionario provincial Fernando Barboza, los expresidentes del IAPSER Juan Domingo Orabona y Tomás Proske, además de Ignacio Caprarulo y Juan Miró.
Las siete personas fueron imputadas como presuntos partícipes necesarios de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude a la administración pública.
Con la resolución del juez Guerrero, la investigación continuará su curso mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder en el caso.
Con información de Concordia policiales
Redacción de 7Paginas
