El episodio ocurrió el domingo por la tarde, cuando dos patrulleros acudieron a un llamado por un conflicto familiar en inmediaciones del barrio Ex Consorcio. Según el reporte oficial, al momento de retirarse de la zona uno de los agentes fue emboscado y atacado con un arma blanca por el menor. Familiares y vecinos que se encontraban en el lugar se sumaron a la agresión, golpeando y arrojando piedras a los uniformados.
Como resultado, cinco policías resultaron heridos —entre ellos una agente que sufrió golpes en costillas y pecho— y dos patrulleros terminaron con importantes daños.
Pese a la gravedad de los hechos, la fiscal de turno, Emilia Vago, dispuso la inmediata liberación del adolescente por ser menor de edad, ordenando su entrega a sus padres.
La decisión generó una dura reacción del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien en una publicación en redes sociales calificó el accionar judicial como un “mal ejemplo” y reclamó una reflexión sobre este tipo de resoluciones.
“La Policía actúa sobre los efectos y no puede hacerse cargo de todos los problemas. Encima terminan lastimados y el menor agresor es entregado livianamente a sus padres como si nada hubiera pasado”, expresó Roncaglia.
El funcionario advirtió que este tipo de medidas “reflejan fallas estructurales en el sistema judicial y en las políticas de contención”, dejando a los efectivos “expuestos y desprotegidos” frente a ataques cada vez más violentos.
En su mensaje, pidió al gobernador Rogelio Frigerio que “se recapacite” sobre lo ocurrido y lamentó las consecuencias para la fuerza policial: “Hoy, Federación tiene dos patrulleros menos y cinco policías heridos que solo cumplían con su deber”.
El caso ha reabierto el debate sobre la imputabilidad penal de los menores y la necesidad de reformas que fortalezcan la protección a las fuerzas de seguridad ante hechos de extrema violencia.
Redaccion de 7Paginas
