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El Municipio apeló el fallo y sostiene que el pase a planta dispuesto por Cresto fue ilegal

La Municipalidad de Concordia presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia contra la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ordenó la reincorporación de un agente municipal cuyo pase a planta permanente había sido revocado por la actual gestión.
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El subsecretario de Legal y Técnica, Dr. Ignacio Del Valle, explicó que el fallo no se encuentra firme y que el Ejecutivo local recurrirá ante el máximo tribunal provincial para que se revise la decisión.

“Respetamos el fallo de la Cámara, pero discrepamos respecto a sus conclusiones, particularmente en que no se haya analizado la cuestión de fondo, que resulta trascendental para entender el proceder del municipio al revocar el pase a planta permanente”, sostuvo el funcionario.

Según el criterio de la Municipalidad, el pase a planta fue “total y absolutamente ilegal e irregular”, dado que el beneficiario se desempeñaba como funcionario al momento de su incorporación a la planta permanente y continuó cumpliendo funciones en ese carácter luego de dictada la medida.

Del Valle indicó que esa situación constituye una violación de la Ordenanza Municipal Nº 32637, que prohíbe expresamente la contratación de funcionarios y su posterior pase a planta hasta que transcurra un año desde el cese en el cargo, requisito que —según afirmó— no se cumplió en este caso.

El funcionario agregó que estos elementos no fueron considerados en la sentencia y advirtió que una decisión de este tipo podría afectar a otros trabajadores municipales que esperan durante años la posibilidad de ingresar a planta o acceder a un cargo mediante concurso.

A modo de ejemplo, planteó que si el actual intendente, Francisco Azcué, al finalizar su mandato decidiera incorporar a planta permanente a todos sus funcionarios sin concurso ni respeto por la normativa vigente, el Municipio debería iniciar una acción judicial y aguardar años hasta obtener una resolución definitiva para poder revocar una medida que considera manifiestamente ilegítima.

Finalmente, Del Valle sostuvo que cuando la ilegalidad de un acto administrativo resulta evidente y gravosa, la administración se enfrenta a la disyuntiva de esperar una decisión judicial o hacer cesar el acto de manera inmediata, alternativa que —según indicó— fue la adoptada por la actual gestión.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas