El desvío sistemático de asistencia social y el uso discrecional de los recursos públicos han dejado marcas profundas en la provincia de Entre Ríos. Entre los casos más escandalosos de los últimos años resalta un esquema de negociados articulado desde el Ministerio de Desarrollo Social —durante la gestión de Laura Stratta— y la estructura de la Cámara de Senadores, donde la figura de Leonardo «Nano» Centurión operaba como un engranaje clave en el manejo de partidas y contratos.
Lejos de responder a inconsistencias administrativas aisladas, los hechos investigados dieron cuenta de un mecanismo estructurado que combinó el desvío de alimentos destinados a sectores vulnerables con la red de la megacausa conocida como los «Contratos Truchos».
La causa de los contratos y las sospechas de las firmas falsificadas
Dentro del esquema legislativo, la situación de Fabiola Soraya Claret —esposa de Centurión— sumó un capítulo judicial relevante al figurar como contratada en la Cámara de Senadores desde el año 2003. En el marco de la investigación por los «Contratos Truchos», se constató que diversas designaciones operaban bajo la sospecha de falsificación sistemática de firmas. De esta manera, se derivaban fondos públicos a través de cobranzas bancarias sin que muchos de los supuestos titulares tuvieran conocimiento de su condición contractual.
En paralelo, diversos sectores políticos y comerciales señalaban que las firmas proveedoras de insumos alimentarios que facturaban al área de Desarrollo Social respondían de forma directa a la red de influencia de Centurión.
Módulos alimentarios en depósitos clandestinos y góndolas comerciales
El punto más crítico del vaciamiento asistencial se hizo visible en 2019, en pleno pico de la crisis socioeconómica. Módulos de comida adquiridos por el Estado provincial mediante decretos oficiales (como el N° 4003 de fines de 2018) terminaron almacenados de forma irregular o desviados al circuito de venta ilegal:
El galpón de Barrio San Agustín: Tras denuncias de vecinos, la policía allanó un galpón precario sobre la calle Jorge Stearns en Paraná, donde se acopiaba clandestinamente mercadería social vinculada a punteros territoriales.
Mercadería oficial en supermercados: Un operativo judicial a cargo del entonces fiscal Juan Malvasio constató la venta ilegal de productos públicos en comercios de la capital provincial. En un supermercado de calle Almirante Brown se secuestraron más de 2.000 paquetes de azúcar pertenecientes a los lotes de Desarrollo Social, a los cuales les habían borrado con alcohol la leyenda «prohibida su comercialización».
Mientras la mercadería del Estado se comercializaba en el mercado negro, las escuelas y comedores comunitarios denunciaban presupuestos de apenas 20 pesos por plato para alimentar a los niños.
Silencio oficial, blindaje y el rol de los «fusibles»
Pese a los allanamientos positivos, los secuestros de mercadería y la indignación social, los pedidos de acceso a la información pública presentados para conocer la nómina de beneficiarios de los 62.500 módulos alimentarios fueron respondidos con evasivas por la conducción del ministerio. La causa judicial no avanzó sobre los máximos responsables políticos.
El caso dejó al descubierto un patrón recurrente en los escándalos de la administración pública provincial, donde colaboradores o mandos medios asumen las consecuencias judiciales mediante juicios abreviados o multas —como ocurrió con Ignacio Oñativia en los «Subsidios Truchos» o Pedro Gebhart en los «Préstamos Truchos»—, funcionando como fusibles para evitar que la responsabilidad salpique a las máximas autoridades políticas de la provincia.
Con información del portal Ricardo David
Redacción 7Páginas
