En el expediente, la Fiscalía solicitó penas de hasta 10 años de prisión para Urribarri y 9 años para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, además de diversas condenas para otros implicados, entre ellos los exfuncionarios Luis Alfonso Erbes, Carlos Haidar y Miguel Ángel Ulrich.
Un entramado de sobornos y favores
La investigación, llevada adelante por los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, sostiene que Cardona Herreros —titular de las empresas Relevamientos Catastrales y Relcat— entregó dádivas y sobornos a funcionarios de la administración provincial a cambio de contratos millonarios con el Estado entrerriano.
Entre las pruebas, la Fiscalía mencionó viajes de lujo costeados por el empresario para Urribarri, su familia y amigos cercanos, así como la presunta manipulación de contratos y pagos ficticios para desviar fondos públicos a cuentas privadas.
Acusaciones contra el exgobernador
Urribarri está acusado de favorecer ilícitamente a Relevamientos Catastrales SA desde su paso por el Ministerio de Gobierno y durante sus dos mandatos como gobernador, a partir de enero de 2007. El objetivo, según la acusación, era generar beneficios económicos indebidos mediante la contratación de la firma para desarrollar e implementar software para la administración provincial.
Cabe recordar que en 2022 el exmandatario fue condenado a ocho años de prisión en el denominado Megajuicio. En esta nueva causa, enfrenta un pedido de 10 años de cárcel, inhabilitación absoluta perpetua y multas económicas.
Otros imputados y penas solicitadas
Además de Urribarri y Cardona Herreros, están acusados:
Carlos Haidar, director de Informática: 6 años de prisión, inhabilitación perpetua y multa de $540.000.
Miguel Ángel Ulrich, director general de Ajustes y Liquidaciones: 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación perpetua y multa de $360.000.
Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas: 5 años de prisión, inhabilitación perpetua y multa de $360.000.
José Humberto Flores, secretario de Hacienda: 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y multa de $90.000.
También figuró como imputado el fallecido José Gervasio Laporte, exsecretario Legal y Técnico, y el extitular del Tribunal de Cuentas Guillermo Smaldone, quien días atrás firmó un juicio abreviado: admitió haber recibido coimas y aceptó una condena de 2 años y 8 meses de prisión condicional, más el pago de $90.000 de multa y 96 horas de tareas comunitarias.
Maniobras detectadas
La acusación incluye una “adenda” por falsificación de fechas en actos administrativos, que habría permitido computar irregularmente la prórroga de un contrato desde diciembre de 2009, cuando en realidad comenzó en enero de 2010, otorgando ganancias sin contraprestación a la empresa y a los funcionarios involucrados.
Con información de Análisis
Redacción de 7Paginas
