Verzello, quien decidió romper el silencio a través de una entrevista exclusiva con 7Paginas, relató los detalles de lo que califica como una situación “insostenible”, que incluye amenazas, manipulación económica y abandono por parte del funcionario.
“Me descontaban la cuota alimentaria de mi propio sueldo”
La historia comenzó en marzo de 2023, cuando Adriana se separó de Fleitas. En junio del mismo año, ambos firmaron un acuerdo de cuota alimentaria ante la justicia. Sin embargo, según relata Verzello, Fleitas nunca cumplió con lo pactado. “Él nunca pagó nada de su bolsillo. La cuota alimentaria salía de mi sueldo como funcionaria municipal, del dinero que yo misma ganaba. Incluso también de una inversión que estaba a mi nombre. Nunca aportó nada él directamente”, expresó.
Adriana fue despedida del municipio el mes pasado. Desde entonces, no recibe ingresos ni la cuota alimentaria, y se encuentra al borde del desalojo con sus dos hijos, de 15 y 8 años, esta última con diagnóstico de dislexia, lo que implica tratamientos específicos y traslados constantes.
Aportes mínimos y amenazas
Desde abril de 2023 hasta diciembre de 2024, Fleitas no realizó ningún aporte, y desde ese ultimo lo hizo de manera temporaria hasta el mes de marzo pasado, así que ahora, según Adriana, dejó de hacerlo hace dos meses. “Lo único que les da ahora son dos cajas de leche por semana, una lata de atún, un puré de tomate. Eso es todo. Ni siquiera cubre lo básico”, detalló.
Lo más grave, denuncia, es que Fleitas condicionó el cumplimiento de sus deberes parentales a que ella no haga público el caso. “Me dijo que iba a pagar solo si no hablaba con los medios y si retiraba la denuncia judicial. Me está amenazando”, afirmó con firmeza.
Una deuda millonaria y una respuesta pendiente de la justicia
El conflicto ya está judicializado y se encuentra actualmente en el ámbito del Ministerio Pupilar, donde se tramita la causa por incumplimiento de la cuota alimentaria. Según Adriana, la deuda acumulada por parte de Fleitas asciende a casi 10 millones de pesos.
En paralelo, ella intenta sostener a su familia sin ingresos, sin asistencia estatal y sin respuestas claras del Poder Judicial. “Estoy desesperada, buscando trabajo, y con la amenaza constante del desalojo. Mi hija necesita tratamientos y no tengo cómo costearlos. Me dicen que todo esto es culpa mía por hablar, pero no me queda otra que denunciarlo”, lamentó.
Un funcionario con solvencia económica
Gabriel Fleitas no solo es funcionario público, sino también empresario del rubro hotelero y propietario del emprendimiento “Chacras al Río”, un barrio privado de alto nivel en la región. Pese a ello, Verzello asegura que nunca recibió un aporte genuino de su parte para el sostenimiento de sus hijos.
Este caso vuelve a poner en foco la falta de cumplimiento de las obligaciones parentales por parte de funcionarios públicos, y expone también las consecuencias que sufren muchas mujeres cuando deciden denunciar.
