Desde el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) se informó a 7Paginas, que estas acciones se desarrollaron a través del trabajo articulado del Centro Judicial de Género “Dra. Carmen María Argibay”, coordinando tareas entre la Oficina de la Mujer (OM), la Oficina de Violencia de Género (OVG) y el Programa de Gestión Judicial. Esta labor conjunta permitió fortalecer la capacidad institucional del Poder Judicial para brindar respuestas integrales, coordinadas y basadas en evidencia, con eje en la protección de derechos y la reducción de las desigualdades de género.
En este contexto, la Oficina de la Mujer consolidó su rol estratégico en la transversalización de la perspectiva de género dentro del ámbito judicial. Uno de los principales avances fue el fortalecimiento del Registro de Jurisprudencia con Perspectiva de Género de Entre Ríos, que alcanzó las 1.940 resoluciones judiciales, además de su participación activa en la Base de Jurisprudencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo, durante 2025 se elaboró y difundió el Mapa de Género de la Justicia Entrerriana 2024, una herramienta clave para identificar brechas de género y patrones de segregación en los distintos estamentos del Poder Judicial. A esto se sumó la participación sostenida en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, aportando información fundamental para el diseño de políticas públicas basadas en datos concretos.
La formación obligatoria en perspectiva de género fue otro de los ejes centrales de la gestión. En cumplimiento de la Ley Micaela, el 85 % de la planta del Poder Judicial recibió capacitación durante el año, a través de instancias formativas continuas con enfoque en derechos humanos. También se dictaron capacitaciones ordenadas judicialmente a personas ajenas al ámbito judicial.
Por su parte, la Oficina de Violencia de Género desarrolló acciones permanentes para garantizar la tutela judicial efectiva y la protección inmediata de mujeres y personas en situación de violencia en toda la provincia. Entre sus funciones se destacó la recepción y tramitación de denuncias, el funcionamiento ininterrumpido de guardias judiciales y la articulación con fuerzas de seguridad, juzgados, fiscalías y organismos del Poder Ejecutivo.
La OVG administra además el Programa de Botón Antipánico, una herramienta tecnológica destinada a la protección inmediata de mujeres en situación de alto riesgo, cuya implementación se articula de manera permanente con el sistema de emergencias 911.
De acuerdo a datos del sistema REJUCAV, entre enero y octubre de 2025 se registraron 10.868 expedientes judiciales vinculados a violencia contra mujeres, lo que equivale a un promedio de 1.086 denuncias mensuales, es decir, una denuncia cada 40 minutos en Entre Ríos. El 79 % de los hechos ocurrió en el ámbito doméstico y en el 66 % de los casos el agresor fue pareja o ex pareja de la víctima. Además, más de 4.600 mujeres realizaron redenuncias, lo que evidencia la persistencia de las situaciones de violencia y la necesidad de reforzar las medidas de protección.
En paralelo, el STJ continúa avanzando en el fortalecimiento del Sistema Interinstitucional de Abordaje de la Violencia (SIAV), una herramienta desarrollada desde el Programa de Gestión Judicial que busca brindar respuestas más rápidas y eficaces a las mujeres víctimas. En este marco, el Laboratorio de Innovación Judicial financiará el proyecto del módulo de alojamiento seguro para personas en situación de violencia, seleccionado en un concurso nacional impulsado por BID Lab y Juslab, entre más de un centenar de iniciativas.
Este módulo funcionará como una herramienta digital integrada al entorno web del sistema estatal, con distintos niveles de acceso para operadores y operadoras. Permitirá contar con un formulario de denuncia con predicción temprana de riesgo, conocer en tiempo real la cantidad de botones antipánico asignados y activados, y visualizar la situación de alojamientos para víctimas, entre otras funciones.
Desde el Poder Judicial destacaron que todas estas acciones se inscriben en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en el marco de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la Ley Nacional N.º 26.485, la Ley Micaela y los acuerdos generales del STJER que regulan la materia, reafirmando el compromiso institucional con la igualdad, la no discriminación y el acceso efectivo a la justicia.+
