Una reciente encuesta de la consultora Opina Argentina, dirigida por el analista político Facundo Nejamkis, muestra que la mayoría de los argentinos considera culpable a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, y respalda el fallo judicial que dejó firme su condena. Sin embargo, una porción significativa de la población teme que esta situación pueda provocar un mayor conflicto social.
El estudio, titulado “La percepción social del fallo contra CFK”, fue realizado a nivel nacional entre el 10 y 11 de junio, con una muestra de 2.020 personas y un margen de error del 2,1%, incluyendo participantes de todas las regiones del país.
El 55% de los encuestados se mostró de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema que ratificó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta. En tanto, el 43% expresó su desacuerdo.
En cuanto a la afiliación política, el 96% de los votantes de Juntos por el Cambio y el 88% de La Libertad Avanza apoyan el fallo. En cambio, el electorado peronista mostró un respaldo casi unánime a Cristina Kirchner, con solo un 5% de aceptación del fallo.
Respecto a la percepción de culpabilidad, el 57% cree que CFK es culpable de corrupción, mientras que un 37% la considera inocente. Por edades, el 64% de los jóvenes menores de 29 años la considera culpable, un dato que destaca una visión crítica entre los sectores más jóvenes.
Sobre el impacto político, el 46% opina que la condena no influirá en el gobierno de Javier Milei, mientras que un 28% cree que lo favorecerá y un 22% considera que podría perjudicarlo.
En términos sociales, el informe refleja una alerta significativa: el 52% cree que la condena puede desencadenar mayores conflictos sociales, mientras que un 41% lo descarta y un 7% no tiene una opinión formada.
La condena fue ratificada la semana pasada por la Corte Suprema, confirmando la sentencia dictada por la Cámara de Casación Penal en la causa por defraudación al Estado a través de contratos de obra pública. La decisión incluye el decomiso de 84.000 millones de pesos.
La expresidenta ya anticipó que el miércoles se presentará en Comodoro Py, aunque su defensa solicitó que cumpla la pena en su domicilio, ubicado en la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.
El informe concluye que, si bien la sociedad percibe que el proceso judicial fue legítimo y ajustado a derecho, la polarización política sigue marcando fuertemente las opiniones, y persiste el temor por un posible recrudecimiento de las tensiones sociales en el país.
Con información de Infobae
