En los tribunales de Paraná, la Fiscalía y las defensas acordaron la incorporación de buena parte de la documentación que llegará al juicio oral contra el exgobernador y el empresario Diego Cardona Herreros. La controversia se mantiene sobre informes técnicos y la pericia contable que constituye una pieza central de la acusación. La Fiscalía reclama 10 años de prisión para el exmandatario.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri, y el empresario Diego Armando Cardona Herreros continúa avanzando hacia el juicio oral y público. Este lunes, en los tribunales de Paraná, fiscales y abogados defensores formalizaron un acuerdo sobre la prueba documental que será presentada durante el debate.
La audiencia contó con la participación de los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, junto a los abogados Miguel Ángel Cullen, defensor de Urribarri, y José Velázquez, representante de Cardona Herreros.
El acuerdo permitió ordenar el extenso material probatorio ofrecido por la Fiscalía y establecer qué documentación podrá incorporarse directamente al juicio y cuál deberá ser respaldada mediante declaraciones testimoniales.
Según explicó el fiscal Badano, las pruebas identificadas del número 1 al 96 ingresarán sin necesidad de convocar testigos. Se trata principalmente de informes institucionales, bancarios y patrimoniales provenientes de organismos públicos y entidades financieras.
Entre la documentación figuran registros de la ex AFIP, Banco de Entre Ríos, Banco Macro, Banco Provincia, Itaú, Galicia, Comafi, BBVA Francés y Credicoop. También se incorporaron certificaciones de ANSES, RENAPER, declaraciones juradas patrimoniales de Urribarri e informes de la Contaduría General de la Provincia, el Instituto del Seguro y distintas compañías aseguradoras.
El paquete probatorio incluye además información de registros de la propiedad inmueble de Buenos Aires y Capital Federal, así como reportes internacionales de Copa Airlines, Cancillería, Interpol, Migraciones y organismos de la Policía Federal.
La prueba número 97 requerirá la presencia de testigos, mientras que las identificadas entre la 98 y la 129 volverán a incorporarse directamente, sin necesidad de declaraciones testimoniales.
En este último grupo aparecen informes de registros automotores de distintas localidades, entre ellas Paraná, Olivos, Zárate, Concordia, Viale, Gualeguaychú y Diamante. También se encuentran declaraciones de los imputados realizadas en 2023, correos electrónicos de personal de Relevamientos Catastrales, informes de empresas telefónicas y documentación de OSER, Redengas, la Universidad Católica Argentina, el Senado provincial y los clubes Boca Juniors y River Plate.
La pericia contable, uno de los principales puntos de conflicto
Pese al acuerdo sobre la mayor parte de la documentación, las defensas plantearon objeciones respecto de un conjunto de informes técnicos elaborados por personal del Ministerio Público Fiscal.
La controversia comprende las pruebas 130 a 149, entre ellas informes suscriptos por el ingeniero Guillermo Fritz.
También rechazaron que se incorpore directamente la prueba número 258, correspondiente al informe pericial contable elaborado por los peritos oficiales Romina V. Stepanic Pouey y Cristián Dumé.
Este último documento constituye una de las piezas centrales de la acusación patrimonial. Por esa razón, los abogados defensores pretenden que su contenido, metodología y conclusiones sean discutidos durante el juicio oral, en lugar de ingresar directamente como documentación ya certificada.
Los millones que la Fiscalía atribuye al exgobernador
La investigación comprende el período entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, durante el cual Urribarri se desempeñó como gobernador de Entre Ríos y posteriormente como diputado provincial.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que el exmandatario habría incrementado su patrimonio de manera desproporcionada e injustificada respecto de sus ingresos legítimos.
De acuerdo con la pericia contable, el enriquecimiento no justificado atribuido a Urribarri asciende a $11.546.772,05 —también mencionado en la causa con una cifra de $11.546.740,92—, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros.
Para llevar adelante la presunta maniobra, la acusación sostiene que el exgobernador habría utilizado a Cardona Herreros y a Rubén Ángel Martínez como personas interpuestas para ocultar bienes y administrar activos. Martínez ya resolvió su situación procesal mediante una probation.
En el caso de Cardona Herreros, imputado como partícipe secundario, la Fiscalía le atribuye haber colaborado en la cobertura de un patrimonio no justificado de $8.673.275,42, 7.155.783,71 dólares y 14.100 euros.
Por estos hechos, la acusación solicita una pena de 10 años de prisión para Urribarri.
El juez rechazó los planteos de nulidad y habilitó el juicio
El avance de la causa se produce luego de que el miércoles 28 de octubre el juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, dispusiera la apertura del proceso a juicio oral contra Urribarri, señalado como autor, y Cardona Herreros, como presunto partícipe secundario.
En esa resolución, el magistrado rechazó los planteos de nulidad y de readecuación del hecho formulados por las defensas. Consideró que la acusación fiscal había delimitado adecuadamente las circunstancias de los hechos investigados.
Sin embargo, los abogados defensores mantienen sus cuestionamientos sobre la construcción de la acusación.
Entre otros argumentos, señalaron diferencias entre los montos consignados en el relato de la Fiscalía y los registrados en la pericia contable, lo que, a su entender, podría afectar el derecho de defensa.
También objetaron que el análisis fiscal haya examinado las variaciones patrimoniales de manera aislada para cada ejercicio anual, sin considerar suficientemente que los saldos de un período inciden sobre el siguiente.
Por su parte, la defensa de Urribarri cuestionó que se le atribuyan automáticamente bienes y gastos de todo su grupo familiar. En ese sentido, reclamó que se analice por separado la situación económica de cada integrante, con especial referencia a los ingresos de su hijo Bruno Urribarri durante su carrera como futbolista profesional en clubes de Argentina y Grecia.
Con la prueba documental mayormente ordenada y las diferencias todavía abiertas sobre los informes técnicos y contables, la causa se encamina hacia un juicio que deberá determinar si existió el enriquecimiento ilícito que sostiene la Fiscalía o si, como argumentan las defensas, la acusación presenta inconsistencias en la determinación del patrimonio investigado.
Con informacion de Entre Rios Ahora
Redaccion de 7Paginas
