La Justicia de Entre Ríos dejó en firme una condena contra la actual diputada provincial Gladys Liliana Salinas, tras desestimarse los recursos pendientes respecto a un conflicto contractual de larga data. La legisladora, oriunda de Concordia, fue condenada de forma definitiva al desalojo del inmueble que ocupaba y al pago solidario de una importante suma de dinero en concepto de alquileres que dejó de abonar durante casi tres años.
La resolución definitiva —que ratifica la sentencia de primera instancia dictada en diciembre de 2025— fue notificada formalmente este viernes 29 de mayo por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Concordia, a cargo del Dr. Jorge Ignacio Ponce, bajo la secretaría del Dr. Alejandro Centurión.
Según lo observado por 7Paginas, el expediente judicial N° 11.461, caratulado “Iriarte, Francisco Ramón c/ Salinas, Gladys Liliana y otros s/ Desalojo y cobro de alquileres”, establece una condena civil que alcanza no solo a la referente política, sino también a sus garantes solidarios, quienes habían denunciado públicamente el accionar de la legisladora.
El detalle del fallo judicial
El dictamen judicial impone obligaciones perentorias y detalla de manera pormenorizada la extensión de la deuda acumulada por la legisladora:
Desalojo formal: Se condena a Gladys Liliana Salinas a desalojar la propiedad ubicada en calle Laprida N° 1747 de Concordia, orden que se hace extensiva de forma general a cualquier otro ocupante del lugar, debiendo restituirse la posesión al demandante, Francisco Ramón Iriarte. El fallo toma en consideración las actas de recupero del inmueble labradas mediante mandamiento con fecha del 29 de mayo de 2024.
Monto de la condena: La diputada Salinas, en conjunto con sus fiadores solidarios, Sebastián Aníbal Iglesias y Elbio Aníbal Rodríguez, deberán abonar al demandante de forma solidaria y en un plazo improrrogable de diez días, la suma base de Dos Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Quinientos Pesos ($2.182.500).
Períodos adeudados: El monto nominal corresponde a la falta de pago de más de 35 meses de alquileres que incluyen: la totalidad de los meses de mayo a diciembre de 2022; el año completo de 2023 (de enero a diciembre); y los meses de enero y febrero de 2024. A esto se le deben adicionar de forma obligatoria los meses proporcionales transcurridos hasta la toma de posesión judicial del inmueble, junto con los intereses devengados hasta el día del efectivo pago.
Costas del juicio: El tribunal rechazó el reclamo por servicios y tasas accesorias, pero impuso la totalidad de las costas judiciales a los demandados, bajo el principio objetivo de la derrota procesal previsto en el Código de Procedimientos.
Trasfondo social
Más allá del impacto político que representa una condena judicial firme para una legisladora provincial en funciones, el caso despertó una fuerte indignación debido a las características de los damnificados por la maniobra de la diputada del bloque libertario.
Por un lado, el propietario del inmueble de calle Laprida es un jubilado de la ciudad, quien había invertido los ahorros de toda su vida en la compra de esa propiedad con el único objetivo de obtener una renta mensual que funcionara como un complemento básico ante los magros haberes de la jubilación mínima que percibe.
Por el otro, la situación de los garantes solidarios que Salinas presentó para la firma del contrato original agrava el cuestionamiento ético. Sebastián Aníbal Iglesias y Elbio Aníbal Rodríguez son dos empleados públicos de bajos ingresos, cuyos salarios mensuales apenas cubren la canasta básica familiar. Al haber quedado la sentencia en estado firme, las cuentas sueldo y los patrimonios de estos trabajadores quedaron directamente expuestos a embargos judiciales para cancelar la deuda que generó y no pagó la diputada provincial.
Redaccion de 7Paginas
