Según pudo saber 7Paginas, la medida fue comunicada a través de una carta documento en la que se notifica que tanto Camejo como Rodrigo Monzón quedarán suspendidos de toda actividad sindical mientras dure el proceso judicial en su contra. La decisión se apoya en las facultades estatutarias conferidas al interventor por el Congreso Extraordinario de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (FATREFU).
En el texto de la notificación se expresa: “Por la presente, en mi condición de interventor del Sindicato Obrero de la Fruta y en uso de las facultades estatutarias conferidas por el Congreso Extraordinario de la FATREFU, le hago saber, en los términos de los artículos 27 y 28 del estatuto social vigente, que se ha aplicado una sanción de suspensión durante todo el tiempo en que dure el trámite de la causa penal caratulada ‘Monzón Walter Rodrigo y otros / Defraudación por administración fraudulenta’”, entre otros conceptos.
La causa judicial
Cabe recordar que la investigación se inició en el año 2021 y tiene como principal imputado a Domingo Alcides Camejo, entonces secretario general del Sindicato Obrero de la Fruta de Concordia, junto a otras nueve personas, por los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos. La causa es instruida por la fiscal federal María Josefina Minatta y abarca presuntos desvíos de fondos tanto del SOF como de la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola (OSPAF), ocurridos entre los años 2014 y 2017, con proyección hasta 2021.
La denuncia original fue presentada por trabajadores del sector, entre ellos Claudio De los Santos, Omar Sampietro, Antonio Leyes y Leandro Ragone, quienes señalaron diversas irregularidades en el manejo de los fondos sindicales. De acuerdo a la investigación, las maniobras incluyeron el uso irregular de cheques y la adquisición de vehículos cuyos titulares eran familiares directos de los imputados.
Entre los involucrados figuran Walter Rodrigo Monzón, Carlos Alberto Díaz, Luis Alberto Villalba, Verónica Gabriela Mariani, Gerardo Adrián Monzón, Natalia Alejandra Ríos y Marisa Eugenia Santín, quienes, según consta en el expediente, habrían incrementado su patrimonio de manera desproporcionada en relación con sus ingresos declarados.
El informe judicial también detalla la compra de vehículos de alta gama, bienes inmuebles y operaciones financieras vinculadas a la adquisición de moneda extranjera y viajes al exterior, principalmente a Uruguay. Asimismo, se consignó que varios de los imputados figuraban como beneficiarios de programas sociales del Estado.
La suspensión dispuesta por la intervención del sindicato se mantendrá vigente hasta que la Justicia se expida sobre la situación procesal de los acusados.
Redacción de 7Paginas
