El máximo tribunal declaró nula la resolución por la cual se había dado de baja a la estudiante y ordenó su reincorporación inmediata como alumna de segundo año, además de la implementación de un paquete de medidas estructurales para prevenir situaciones de discriminación y violencia de género dentro del ámbito educativo policial.
Una decisión con perspectiva de derechos humanos
De acuerdo a lo informado a 7Paginas, el STJ hizo lugar a un recurso de inaplicabilidad de ley presentado por la denunciante, G.S.D., y revocó una sentencia de segunda instancia que había convalidado su desvinculación de la fuerza. Tanto en primera como en segunda instancia, la Justicia había reconocido que la joven sufrió violencia de género en su modalidad institucional, pero no se había dispuesto su reincorporación ni otras reparaciones concretas.
El caso tomó estado judicial luego de que el Gabinete Psicológico de la Escuela divulgara información privada obtenida en el marco de entrevistas con la cadete, vulnerando así su derecho a la intimidad y generando consecuencias adversas en su trayectoria académica.
El fallo y sus implicancias
El fallo del 23 de mayo, firmado por los vocales Laura Soage, Susana Medina, Claudia Mizawak, Leonardo Portela, y otros miembros del STJ, ordena:
La reincorporación plena de la cadete como alumna.
La apertura de mesas de exámenes especiales para que pueda recuperar su cursado.
La implementación de capacitaciones obligatorias para todo el personal en perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad.
La creación de un espacio terapéutico externo para el acompañamiento emocional de los y las estudiantes.
La intervención del Comité de Ética del COPER (Consejo Provincial de Educación y Reconversión).
El fortalecimiento de los contenidos académicos sobre igualdad y no discriminación.
Además, se estableció que el juzgado de origen controle el cumplimiento efectivo de todas las medidas.
Un caso testigo de violencia estructural
La sentencia pone en evidencia la existencia de una violencia estructural dentro de la Escuela de Policía, tal como lo sostuvieron dictámenes coincidentes del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y de la Subsecretaría de la Mujer, que recomendaron la elaboración de un Plan de Acción intersectorial.
Durante el proceso judicial se acreditó que la institución incumplió reiteradamente órdenes judiciales, como una medida cautelar que impedía la desvinculación de la joven, y aun así procedió en varias oportunidades a darla de baja.
Un precedente para la transformación institucional
Desde sectores especializados en género y derechos humanos, celebraron la decisión como un fallo ejemplar que marca un antes y un después en el abordaje de la violencia institucional en fuerzas de seguridad. El caso refuerza la obligación del Estado de garantizar espacios educativos libres de violencia, especialmente en instituciones jerárquicas donde históricamente han primado estructuras disciplinarias rígidas y poco permeables a la perspectiva de género.
En palabras del tribunal: “Se impone una mirada que humanice el vínculo institucional, sin desconocer la disciplina, pero resguardando los derechos de las personas que integran la fuerza, especialmente de las mujeres”.
Con información de prensa del STJ
Redacción de 7Paginas
