El fallo, de ocho páginas, establece que no existen razones materiales ni jurídicas que fundamenten la intervención del fuero federal en hechos anteriores al 10 de diciembre de 2021. Por lo tanto, el magistrado determinó que la investigación continúe bajo la órbita de la justicia entrerriana.
El juez Bastian explicó que la causa se encuentra circunscripta a la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público (art. 268, apartado 2º del Código Penal), ocurrido durante los períodos en los que Kueider se desempeñó como Concejal de Concordia (1999-2003), Secretario de Gestión Participativa para el Desarrollo Local de Concordia (2008-2015) y Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos (2015-2019). La denuncia original data del 19 de junio de 2024, mientras que la causa federal fue iniciada el 2 de julio de 2024.
El magistrado también aclaró que, en caso de que la jueza Arroyo Salgado persista en su pretensión de competencia federal, la cuestión deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los argumentos del fiscal Arias
El fiscal José Emiliano Arias había sostenido previamente la competencia provincial, señalando que la investigación está relacionada exclusivamente con la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito por parte de Kueider durante su función pública en Entre Ríos. Además, distinguió claramente la causa de enriquecimiento ilícito de la llamada «Causa Securitas», en la cual sí existen fundamentos jurídicos para la intervención federal debido a la vinculación con delitos de corrupción en la empresa ENERSA.
El fiscal explicó que la competencia federal en la «Causa Securitas» está justificada por la existencia de un concurso ideal de delitos que involucran a la administración pública provincial y a una asociación ilícita, lo que hace necesario que sea investigada por el fuero federal de Buenos Aires. Sin embargo, enfatizó que este contexto no justifica la intervención federal en la causa de enriquecimiento ilícito de Kueider.
Con esta resolución, la justicia provincial mantiene la investigación sobre el patrimonio del exsenador, incluyendo la adquisición de bienes inmuebles y muebles durante su desempeño como funcionario público en la provincia de Entre Ríos.
Fuente: El Entre Rios
Redacción de 7Paginas
