La polémica en torno a la reorganización del sistema de comedores escolares en la provincia sumó un nuevo capítulo tras la decisión de la Justicia de Entre Ríos de suspender, mediante una medida cautelar, la implementación del nuevo esquema centralizado impulsado por la administración provincial.
Ante este panorama, el concejal concordiense por Juntos por Entre Ríos, Felipe Sastre, salió al cruce de los recursos presentados por diversos sectores y cuestionó los verdaderos intereses detrás de la judicialización del nuevo sistema alimentario.
«Un intento por postergar un derecho»
Sastre remarcó que las presentaciones judiciales «lo único que provocan es que se quiera postergar el acceso a un derecho que los chicos entrerrianos se merecen, para que no padezcan las malas políticas del pasado reciente». Y lanzó un contundente interrogante hacia los sectores de la oposición:
«Pareciera que cada vez que se habla de controles, fortalecer la transparencia de la cosa pública y mejorar los mecanismos de compra, alguien se molesta y la pregunta es: ¿por qué?».
En ese sentido, el edil recordó la situación en la que se encontraba el área al inicio de la gestión: «No es desconocido por nadie que hasta diciembre de 2023 mucho de lo que hoy se pretende hacer no se hacía. Poner en tela de juicio una decisión del Gobierno provincial que está direccionada al bienestar de los chicos y jóvenes entrerrianos es dañino».
Implementación gradual y trasfondo político
Respecto a la transición hacia el nuevo modelo de gestión de insumos para las escuelas, el concejal aclaró que el diseño fue pensado de manera progresiva. Subrayó que se notificó formalmente a los establecimientos educativos que, mientras la nueva modalidad no estuviera funcionando al 100%, se debía garantizar plenamente la prestación alimentaria diaria. «Vuelvo a preguntar: ¿tampoco quieren esto último?», enfatizó.
Para finalizar, Sastre reafirmó la importancia del servicio alimentario en las escuelas, pero apuntó a una intencionalidad política detrás de los frenos judiciales:
«Reconozco la importancia de garantizar un adecuado funcionamiento de los comedores escolares y el derecho de niños y adolescentes a una alimentación adecuada y de calidad, pero no puedo dejar de apreciar que detrás de todo esto hay claramente una cuestión política que busca desequilibrar el funcionamiento de algo tan importante, sensible y delicado a la vez», concluyó en esta nota consignada a 7Paginas.
