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Felipe Sastre: “la radio pública generaba un gasto de 150 millones de pesos anuales, que podrían destinarse a obras prioritarias “

Este jueves, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó, en una sesión cargada de fuertes cruces políticos, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo municipal que establece la derogación de la ordenanza que daba origen a la Comisión Administradora de la Radio Pública de Concordia (CARP), marcando así el cierre definitivo de la emisora estatal.
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El concejal Felipe Sastre (Juntos por Entre Ríos) fue una de las voces defensoras de la medida y señaló que se trata de una decisión tomada por el intendente Francisco Azcué, “tras un análisis profundo de costo-beneficio” que determinó que la Radio Pública generaba un gasto aproximado de 150 millones de pesos anuales. “Esos fondos podrán destinarse a obras prioritarias, como la mejora de calle Paula Albarracín”, explicó.

“Esta no es una decisión caprichosa. Es una medida pensada, que busca optimizar los recursos públicos y priorizar las verdaderas necesidades de los vecinos. El municipio no debe sostener un medio con fondos públicos cuando hay muchos periodistas que sostienen medios independientes con gran esfuerzo”, añadió Sastre. También criticó el origen de la emisora, señalando que fue creada en la gestión de Gustavo Bordet “para acallar voces críticas”.

El edil oficialista remarcó que el personal será transferido a otras dependencias municipales y que el Ejecutivo quedará facultado para disponer de los activos de la emisora, aclarando que la Municipalidad se hará cargo de cualquier pasivo existente.

Desde La Libertad Avanza, la concejal Yaiza Pessolani también respaldó el cierre y celebró la decisión: “Esta radio no es un servicio esencial. Funciona como aparato de propaganda oficialista, como ya lo hacen el boletín oficial o la página web institucional”.

Pessolani sostuvo que mantener la emisora implica un gasto mensual cercano a los 10 millones de pesos, es decir, 120 millones anuales, lo cual consideró excesivo en una ciudad donde “más de 70.000 personas están por debajo de la línea de pobreza”. “El Estado no puede competir de manera desleal con medios privados que se sostienen con recursos propios y esfuerzo genuino. Aplaudo esta medida”, afirmó.

Por el lado de la oposición, la concejal Carolina Amiano (Más por Entre Ríos – Justicialista) fue contundente en su rechazo y aseguró que la medida representa “un grave retroceso en materia de comunicación democrática, acceso a la información pública y pluralidad de voces”.

“La decisión del intendente Azcué busca silenciar una voz institucional. La Radio Pública funcionaba con una programación activa y diversa, con contenidos periodísticos, culturales y sociales. Cuando presentaron este proyecto, lo acompañamos desde la oposición creyendo en la posibilidad de una mejora. Pero quedó claro que el objetivo siempre fue cerrar la radio”, expresó Amiano.

También denunció que la comisión creada por la actual gestión para reorganizar la emisora “nunca se activó” y acusó al Ejecutivo de actuar con “ineficiencia e intencionalidad política”. “Hicieron que la comisión no funcionara a propósito. Hoy la radio se apaga para favorecer solo a ciertos medios alineados con el oficialismo”, sentenció.

Además, advirtió que espera que el municipio respete los derechos laborales del personal de la emisora y no continúe con la “persecución a trabajadores municipales”.

Redacción de 7Paginas