Según supo 7Paginas, la Justicia de Concordia le puso un límite a las sucesivas postergaciones del juicio contra Domingo Alcides Camejo, imputado en la causa por tenencia de arma de fuego. El juez Maximiliano O. Larocca Rees rechazó el pedido de detención formulado por la Fiscalía y la querella, aunque advirtió expresamente que, si vuelve a registrarse una conducta destinada a impedir el inicio del debate en la próxima fecha fijada, podrá ordenar su inmediata detención.
La resolución, firmada el 17 de octubre de 2026, se produjo después de que el comienzo del juicio fuera suspendido en tres oportunidades. Tanto la acusación pública como la representación de la parte querellante consideraron que la sucesión de cambios en la defensa y las postergaciones justificaban adoptar medidas para garantizar que el proceso finalmente se lleve adelante.
Sin embargo, el magistrado entendió que, por el momento, los antecedentes no alcanzan para concluir que Camejo haya actuado deliberadamente con el objetivo de entorpecer el proceso. No obstante, dejó abierta la posibilidad de tomar medidas más severas si la situación vuelve a repetirse.
Tres suspensiones y un juicio que no comienza
En su resolución, Larocca Rees repasó la secuencia de acontecimientos que derivaron en las reiteradas postergaciones del debate oral.
El primer episodio se produjo en junio de 2026, cuando el entonces defensor Diego Briceño solicitó la suspensión del juicio al señalar que existían tratativas con la Fiscalía para alcanzar un acuerdo abreviado. La audiencia, prevista para los días 10, 11 y 12 de junio, fue suspendida.
Posteriormente, el debate fue reprogramado para el 21 de septiembre. Sin embargo, el 18 de ese mes, apenas tres días antes de la nueva fecha, Briceño renunció a la defensa y se designó a la Defensa Oficial para asistir al imputado.
El 21 de septiembre, el juicio volvió a suspenderse y se fijó una nueva fecha de inicio para el 19 de octubre.
Pero la historia se repitió. El 15 de octubre, dos días antes del comienzo previsto, Camejo designó a un abogado particular, quien solicitó una nueva suspensión. De esa manera, el debate volvió a quedar postergado.
La resolución también menciona antecedentes de cambios en la representación legal del acusado, entre ellos la renuncia del abogado Bacigalupe y la posterior intervención del defensor Andrés Arias.
Fiscalía y querella pidieron la detención
Frente a esta sucesión de hechos, la Fiscalía y los abogados de la querella, Jacobi y Mora, solicitaron la detención del imputado, al considerar que era necesario garantizar la realización efectiva del juicio.
La acusación sostuvo que correspondía evaluar concretamente el riesgo de que el debate volviera a frustrarse y analizar medidas que permitieran asegurar la comparecencia de Camejo y el normal desarrollo de las audiencias.
Por su parte, la querella aclaró que el planteo no buscaba castigar el derecho del acusado a elegir un abogado de confianza, sino evitar que el juicio quedara indefinidamente postergado.
También advirtió sobre las consecuencias que las reiteradas suspensiones generan para la parte damnificada y sus familiares, quienes tienen derecho a obtener una respuesta judicial dentro de un plazo razonable.
La advertencia del juez
Aunque rechazó la detención por considerar que se trata de una medida excepcional y que todavía no estaban acreditados los extremos necesarios para disponerla, Larocca Rees fue contundente al advertir al imputado sobre lo que podría ocurrir ante una nueva situación similar.
En el punto central de la resolución, el magistrado dispuso que Camejo deberá abstenerse de realizar cualquier actividad que tienda a entorpecer el normal inicio del debate en la fecha que establezca la Oficina de Gestión de Audiencias, bajo apercibimiento de decretarse su inmediata detención.
El juez consideró que las dos últimas suspensiones, producidas cerca de las fechas previstas para el juicio, ocasionaron un perjuicio para el avance de la causa. Si bien entendió que, hasta el momento, esos episodios no bastan para demostrar una intención deliberada de obstrucción, advirtió que una nueva conducta de características similares podría cambiar la evaluación judicial.
La resolución ordena, además, que el acusado sea citado y notificado personalmente de esta advertencia.
Redaccion de 7Paginas
