El escenario judicial aparece cargado de definiciones que podrían marcar un antes y un después en la política entrerriana, con expedientes que aguardan resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Superior Tribunal de Justicia y de distintos juzgados provinciales.
La Corte Suprema debe resolver el futuro de Urribarri, Báez y Aguilera
Uno de los expedientes de mayor trascendencia es el Megajuicio, en el que el exgobernador Sergio Urribarri fue condenado en abril de 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos vinculados al uso de fondos públicos para favorecer su campaña presidencial.
En la misma causa también fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez, con seis años y seis meses de prisión, y el exfuncionario Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, con la misma pena.
Las condenas fueron ratificadas por la Cámara de Casación Penal y posteriormente por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Sin embargo, el máximo tribunal provincial habilitó los recursos extraordinarios para que la causa llegara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Actualmente, el máximo tribunal del país analiza el recurso de queja presentado por las defensas. De confirmarse las condenas, los tres deberán regresar a prisión.
La causa por coimas espera fecha para el juicio oral
Otro de los expedientes más avanzados es la denominada causa Coimas, iniciada tras una denuncia periodística en 2017.
La investigación sostiene que durante su gestión como ministro y luego como gobernador, Sergio Urribarri habría favorecido sistemáticamente a la firma Relevamientos Catastrales S.A. (Relcat), perteneciente al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, mediante contrataciones para el desarrollo de software destinado a la administración pública.
El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de diez años de prisión para el exgobernador.
El juez de Garantías elevó recientemente el expediente a juicio oral, donde también serán juzgados Cardona Herreros y el exdirector de Informática Carlos Marcelo Haidar.
Enriquecimiento ilícito: otra causa pendiente
El exmandatario provincial también enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito iniciada en 2015.
Según la acusación fiscal, entre 2008 y 2015 Urribarri habría incrementado su patrimonio en más de siete millones de dólares, además de importantes sumas en pesos y euros, sin poder justificar su origen.
Actualmente el expediente permanece suspendido mientras la Cámara de Casación resuelve distintas apelaciones vinculadas a pruebas incorporadas durante la investigación.
Pedro Báez también espera definiciones
El exministro Pedro Báez afronta además una causa propia por presunto enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía sostiene que incrementó injustificadamente su patrimonio en una suma equivalente a más de 630 mil dólares.
En abril de este año se solicitó la elevación a juicio oral, mientras la defensa pidió el sobreseimiento por considerar excedidos los plazos razonables del proceso.
La resolución sobre ese planteo podría conocerse durante las próximas semanas.
El 3 de agosto comienza el juicio por la causa ATER
El primer juicio oral del segundo semestre será el correspondiente a la denominada causa ATER, cuyo inicio fue fijado para el próximo 3 de agosto.
La investigación surgió a partir de denuncias presentadas en 2014 por el entonces titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, y constituye uno de los expedientes de corrupción administrativa más importantes que comenzarán a debatirse este año.
La causa Securitas también podría registrar avances
En el ámbito federal continúa avanzando la investigación conocida como causa Securitas, que analiza el presunto pago de sobornos por parte de la empresa de seguridad privada para obtener contratos con organismos públicos.
El expediente involucra a exdirectivos de ENERSA, empresarios y exfuncionarios provinciales, además de contener numerosas referencias a integrantes de anteriores administraciones provinciales.
Recientemente, ENERSA remitió nueva documentación al Juzgado Federal de San Isidro, donde se investiga un presunto perjuicio económico millonario derivado de sobreprecios en contrataciones de servicios de seguridad.
Un semestre de definiciones
La reanudación de la actividad judicial marca el comienzo de un período decisivo para varias de las investigaciones más importantes sobre corrupción en Entre Ríos.
Con resoluciones pendientes tanto en la Justicia provincial como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los próximos meses podrían definir el futuro judicial de varios exfuncionarios de primera línea y tener un fuerte impacto en el escenario político provincial.
Con informacion de la Revista Analisis
Redaccion de 7Paginas
