Guerrero fue declarado autor material y penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, en concurso con el uso de documento público falsificado y destrucción de medios probatorios. La pena impuesta es de tres años de prisión condicional, con reglas de conducta por el mismo plazo: Mantener informada su residencia; Abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas en lugares públicos; No integrar ni participar en la administración de asociaciones de bien público, fundaciones, mutuales u organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; Comparecer cada seis meses ante la Oficina de Medios Alternativos (OMA) para verificar el cumplimiento de las condiciones.
Por su parte, Martínez fue declarada partícipe necesaria de administración fraudulenta y coautora material de la destrucción de medios probatorios. Se le impuso la misma pena y reglas de conducta que a Guerrero.
La situación de Carlos González es más compleja. El tesorero, a quién le encontraron 50 mil dólares en su domicilio, es acusado de la «desaparición» de más de 25 mil dólares, entre otros hechos, y enfrentaría un juicio ordinario dado que por el momento sostiene su inocencia y se ha negado acordar una resolución abreviada.
Guerrero había manifestado que la sede de la mutual había mudado de domicilio. Una propiedad supuestamente alquilada donde sólo funcionaba una centro de Podología de la secretaria de la Mutual, Delia Catalina Martínez
La investigación
El escándalo salió a la luz luego de una investigación periodística publicada por DIARIOJUNIO. A partir de lo informado, una docena de músicos vinculados históricamente a la mutual se presentaron en sede judicial para dar cuenta de los actos deshonestos y los artilugios que la Comisión Directiva perpetró para desprenderse del valioso e histórico inmueble de unos 600 metros cuadrados, ubicado pleno centro de Concordia y cuyo valor de mercado se estimaba en los 250 mil dólares. El fiscal José Arias imputó inicialmente a cuatro personas: Guerrero, Martínez, el tesorero Carlos «Corcho» González y el empresario Guillermo Schmid, titular de la empresa Infinet SAS, quien adquirió el inmueble de la mutual a fines de 2023.
En 2009, la propiedad fue tasada en 250 mil dólares, pero en 2023 se vendió por apenas 15 millones de pesos (equivalentes a unos 20 mil dólares en el momento de la transacción). Además, la decisión de vender la sede fue tomada en una asamblea repleta de anomalías.
Según comprobó la fiscalía, al menos siete socios negaron haber participado en la votación, a pesar de que sus nombres figuran en el acta. Además, entre los firmantes apareció Silvio Diez, un joven asesinado en enero de 2022, meses antes de la supuesta asamblea donde se aprobó la venta.
Los libros de actas de la mutual también presentaban graves irregularidades, con hojas arrancadas, pegadas y correcciones. A esto se sumó denuncias de exclusión de socios y la reducción deliberada del padrón desde 2003, lo que habría facilitado la aprobación de la venta a un «precio vil».
El rol de Schmid
El empresario Guillermo Schmid, señalado desde un primer momento como partícipe necesario de la maniobra, sostiene que compró la propiedad «de buena fe» y que no tenía vínculos con los directivos de la mutual. Según su versión, pagó 90 mil dólares por el inmueble, aunque la escritura solo registra un pago de 15 millones de pesos (20 mil dólares a la fecha de la transacción).
Si bien los rumores indican que Schmid sería sobreseído y que la justicia no tendría intenciones de avanzar en determinar el origen del dinero (de los 90 mil dólares que admitió haber pagado por la propiedad, solo 20 mil están escriturados), el creador de la página de Facebook «ASEC Concordia» fue imputado porque la fiscalía entendió que no podía ignorar las condiciones irregulares del negocio inmobiliario que llevó a cabo y el valor irrisorio que pagó por el inmueble.
Según confiaron fuentes judiciales a este medio, Schmid accedió a devolver la propiedad a la mutual, pero exige la restitución de los 50 mil dólares hallados en la vivienda del tesorero González y otros 17 millones de pesos secuestrados por la Justicia en cuentas bancarias de la Mutual.
Sin embargo, la devolución del inmueble enfrenta un obstáculo difícil: Guerrero y Martínez estarían en dudas de firmar el distracto que anule la escritura de venta. Si persisten en su postura, la restitución solo podría concretarse mediante la intervención de la mutual. Pero, en el caso de que se logre la restitución del inmueble sin intervención judicial y de organismos contralores de las mutuales, cooperativas y asociaciones civiles, la otra cuestión es qué pasará con la actual Comisión Directiva todavía presidida por Guerrero: ¿Se abrirá el padrón de socios? ¿Se llamará a una asamblea para elegir nuevas autoridades?
Sería el colmo de la ironía que el inmueble vuelva a estar bajo la administración de quienes lo malvendieron para provecho personal.
Por Federico Odorisio-Diario Junio
