La ciudad de Federación enfrenta una crisis de salud mental y adicciones que parece desbordar la capacidad de respuesta del Estado en sus tres niveles. Así lo manifestó el concejal Claudio Gómez (PJ), quien tras un encuentro con directivos del Hospital San José, reveló cifras preocupantes sobre el incremento del consumo de sustancias prohibidas en menores de edad.
Gómez hizo un llamado a la unidad política: «Llegó la hora de dejar de lado las diferencias para gestionar recursos ante Provincia y Nación», señaló, subrayando que la estructura actual es insuficiente para la magnitud del problema.
Un sistema «desmantelado»
Pero en diálogo con 7Paginas, la especialista en temas sociales Margarita Zerda fue más allá y calificó la situación no como una negligencia, sino como una «estrategia deliberada». Zerda trazó un mapa de la precariedad estatal:
Nivel Municipal: Cuenta con solo tres kinesiólogos y ninguna psicóloga.
Nivel Provincial (Hospital): Apenas dos psicólogas y carece de psiquiatra.
Nivel Nacional (SEDRONAR): Sin equipos de abordaje territorial ni centros de derivación de referencia.
«Las políticas de austeridad atentan directamente contra la salud mental. El ajuste fiscal y el desmantelamiento de programas generan un sufrimiento intolerable», sostuvo Zerda. Además, advirtió sobre un dato alarmante: el suicidio ha superado a los accidentes de tránsito como principal causa de muerte entre los jóvenes.
Adicciones y el cierre de dispositivos
La especialista denunció que, en los últimos meses, el Gobierno Nacional cerró más de 50 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario que brindaban asistencia gratuita. «Mientras crecen los casos de consumo problemático, el Estado se aleja del territorio bajo la excusa de las ‘auditorías'», afirmó.
Zerda explicó que el artículo 4º de la Ley de Salud Mental exige que las adicciones sean abordadas como parte de las políticas de salud, algo que hoy parece incumplirse. «Lo roto no son nuestros pibes, sino el vínculo con una sociedad que los estigmatiza. Lo precario son las políticas que se interrumpen para destinar fondos a otras áreas, como la vigilancia y la inteligencia», disparó.
El peligro de la estigmatización
Para la especialista, la despolitización del malestar busca «culpar a la persona» de su propio padecimiento, liberando al Estado de sus obligaciones. «Nos quieren solos, nos quieren en la calle. El aislamiento no es terapéutico, es una sentencia al olvido», sentenció.
La situación en Federación pone sobre la mesa una discusión urgente: la necesidad de inversión real en dispositivos de contención y la presencia de profesionales (psicólogos y psiquiatras) en una comunidad donde la vulnerabilidad de los más jóvenes crece al ritmo del ajuste económico.
