Según relató Ragone a 7Paginas, el hecho ocurrió al mediodía cuando una camioneta (Foto) con al menos cinco personas se detuvo frente a su casa. “Llegaron filmándome con sus celulares y sacándome fotos desde el primer momento”, sostuvo el trabajador.
“Me dijeron que adentro de la camioneta estaba una escribana. La notificación era en respuesta a las cartas documento que yo envié en su momento, y que el sindicato nunca contestó. Ahora lo hacen de esta manera, claramente buscando intimidarme. Me grababan y me sacaban fotos todo el tiempo”, denunció Ragone.
El denunciante señaló además que el supuesto carácter legal del acto fue solo una fachada para ejercer presión: “Eso de la escribana era parte del apriete. No tengo dudas de que vinieron a asustarme”, remarcó. También adelantó que se presentará ante la fiscalía para denunciar lo sucedido: “Esto es un acto amenazante”, concluyó.
El trasfondo de la causa
La causa en cuestión se inició en 2021 y está encabezada por la fiscal federal María Josefina Minatta. En la investigación, Alcides Camejo y otros nueve miembros de la comisión directiva del Sindicato Obrero de la Fruta (SOF) fueron imputados por administración fraudulenta y lavado de activos.
La denuncia fue realizada por un grupo de trabajadores del sector, entre ellos Leandro Ragone, Claudio De los Santos, Omar Sampietro y Antonio Leyes. Apuntan a un presunto desvío de fondos de la organización sindical y de su obra social, la OSPAF, entre 2014 y 2021.
Entre las irregularidades se mencionan la compra de vehículos de alta gama, propiedades, viajes al exterior y operaciones financieras vinculadas al cambio de divisas. Según la fiscalía, los acusados habrían incrementado su patrimonio en forma desproporcionada respecto de sus ingresos declarados. Además, algunos de ellos figurarían como beneficiarios de programas sociales del Estado.
La Justicia Federal de Concepción del Uruguay ya dispuso la citación de los acusados a declarar en los próximos días.
Mientras tanto, el conflicto sigue escalando fuera de los tribunales, y los denunciantes exigen garantías ante posibles represalias.
Redacción de 7Paginas.
