La reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos avanza en el debate legislativo con un objetivo que la diputada provincial Gabriela Lena definió como central: garantizar los derechos de los trabajadores sin generar consecuencias económicas que pongan en riesgo la continuidad de pequeñas y medianas empresas, clubes de barrio y otras instituciones.
La legisladora radical, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, explicó los principales puntos de la iniciativa y destacó que el proyecto no plantea una modificación integral del código, sino cambios específicos en los procedimientos judiciales vinculados con accidentes y enfermedades laborales.
En declaraciones al programa Debate Abierto, Lena sostuvo que la discusión busca alcanzar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la necesidad de evitar que los costos y las dificultades de los litigios terminen comprometiendo fuentes de empleo.
El foco está puesto en los juicios laborales
Entre los principales cambios propuestos se encuentran la creación de un cuerpo de peritos médicos, la regulación de la actividad pericial y la implementación de un procedimiento especial para los litigios relacionados con accidentes y enfermedades de trabajo.
Uno de los puntos más discutidos es la eliminación de la exigencia que obliga al empleador a depositar el monto total de la condena, más un 30% adicional, como condición para apelar un fallo judicial adverso.
Lena defendió la posibilidad de recurrir una sentencia como una garantía constitucional que no debería depender de la capacidad económica de quien debe afrontar el proceso.
Para ilustrar su postura, mencionó situaciones registradas en el interior de la provincia, donde clubes de barrio y familias empleadoras se encontraron con dificultades para cuestionar judicialmente una condena por no disponer de los recursos necesarios para realizar el depósito exigido.
La diputada remarcó que el acceso a una instancia de revisión debe estar garantizado, sin que eso implique desconocer los derechos de los trabajadores ni sus posibilidades de cobrar una indemnización cuando corresponda.
Consultas para alcanzar una reforma consensuada
La discusión legislativa incluye reuniones y consultas con distintos sectores vinculados al sistema laboral y judicial. Según explicó Lena, la comisión mantiene abierta la participación de cámaras empresarias, comisiones médicas, aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) y representantes de la Asociación de Magistrados.
La intención es recoger las distintas posiciones antes de avanzar con una regulación que permita unificar criterios procesales en toda la provincia.
El desafío, según la legisladora, consiste en evitar que las diferencias de procedimiento generen desigualdades y, al mismo tiempo, impedir que la litigiosidad se convierta en un factor que comprometa la continuidad de actividades económicas e instituciones comunitarias.
La iniciativa busca, de esta manera, compatibilizar la protección de los derechos laborales con la preservación del empleo y de las organizaciones que forman parte de la vida social de las localidades entrerrianas.
Presupuesto provincial: prudencia antes de emitir una opinión
Durante la entrevista, Lena también se refirió al ingreso del proyecto de Presupuesto provincial a la Cámara de Diputados.
La legisladora confirmó que el texto presentado por el Poder Ejecutivo ya fue recibido y señaló que, a primera vista, la iniciativa otorga una prioridad importante a la obra pública.
Sin embargo, evitó adelantar una evaluación definitiva y sostuvo que será necesario analizar en profundidad cada uno de los puntos cuando el proyecto tome estado parlamentario y sea tratado en la Comisión de Hacienda.
Su postura apunta a examinar los números y las partidas antes de fijar una posición sobre el contenido de la propuesta presupuestaria del gobierno de Rogelio Frigerio.
Juntos por Entre Ríos comienza a mirar hacia 2027
En el plano político, la diputada se refirió al trabajo territorial de Juntos por Entre Ríos de cara a las próximas elecciones y destacó la realización de mesas de diálogo departamentales y reuniones dentro de la Unión Cívica Radical.
El objetivo, explicó, es fortalecer la cohesión interna del frente y avanzar en la construcción de acuerdos ante la posibilidad de que los comicios provinciales se realicen de manera desdoblada respecto de las elecciones nacionales.
Las conversaciones dentro del radicalismo y los encuentros entre los distintos sectores de la coalición forman parte de una etapa de reorganización política en la que comienzan a definirse estrategias y posicionamientos para 2027.
Diferencias con Milei y defensa de la universidad pública
Consultada sobre el gobierno nacional de Javier Milei, Lena dejó en claro que mantiene diferencias políticas con el Presidente. Afirmó que no lo votó y que le resulta difícil imaginar la posibilidad de hacerlo, aunque también ratificó que no pretende regresar al kirchnerismo.
La diputada reconoció coincidencias con el Gobierno nacional en la búsqueda del orden fiscal, pero cuestionó otras decisiones de la gestión libertaria, especialmente las vinculadas con el financiamiento de las universidades públicas, las políticas de discapacidad y el trato con los países vecinos.
En particular, defendió a la universidad pública como una herramienta fundamental de movilidad social y vinculó esa posición con su propia trayectoria profesional, al señalar que fue una institución que le permitió formarse y ejercer su profesión.
Su postura refleja una posición crítica frente a determinadas políticas nacionales, aun cuando comparte la necesidad de ordenar las cuentas públicas.
Con el debate sobre la reforma procesal laboral, el análisis del Presupuesto y las definiciones políticas rumbo a 2027, Lena abordó una agenda que combina las discusiones legislativas de la provincia con las diferencias que atraviesan al escenario político nacional.
Con información de Debate Abierto
Redaccion de 7Paginas