En las últimas horas, el escenario judicial del Sindicato de la Fruta de Concordia sumó un nuevo capítulo que contradice las versiones difundidas por el ex secretario general, Alcides Camejo. Si bien una medida cautelar de primera instancia parecía darle la razón al dirigente, la justicia decidió suspender dicha resolución hasta que la Cámara Nacional del Trabajo se defina sobre el fondo de la cuestión.
De esta manera, el gremio continúa bajo la órbita de la intervención dispuesta por la Fatrefu (Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), autoridad superior a la que el sindicato local está asociado.
Un fallo basado en información parcial
Según pudo saber 7Paginas, el juzgado de primera instancia que inicialmente dio lugar al pedido de Camejo habría sido «inducido al error». El ex dirigente omitió informar al magistrado que las elecciones de febrero pasado —en las que pretendía basar su legitimidad— ya habían sido impugnadas por la intervención.
Además, Camejo tampoco habría detallado que la intervención fue el resultado de un Congreso Extraordinario de la Fatrefu, motivado por denuncias de vaciamiento de la obra social y una imputación por acciones fraudulentas contra la entidad gremial.
La palabra de la intervención: Saneamiento y transparencia
El actual interventor, Iván Amaro, llevó tranquilidad a los trabajadores y explicó la compleja tarea que están realizando puertas adentro del sindicato. «Queremos que el afiliado sepa que la intervención sigue vigente y trabajando en levantar inhibiciones administrativas que paralizaban al gremio», señaló.
Amaro detalló que se están gestionando deudas e inhibiciones ante organismos como, ARCA (ex AFIP), ATER, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y EDOS y otras entidades locales.
«Es una tarea que no se ve a simple vista, pero con una administración organizada estamos recuperando el buen nombre del sindicato», apuntó Amaro. El objetivo final es subsanar estas faltas para que el gremio pueda volver a operar con cuentas bancarias propias, garantizando la «transparencia y trazabilidad» del dinero de los trabajadores, algo que se habría perdido durante la gestión anterior.
El futuro del gremio
Mientras la Cámara Nacional del Trabajo analiza los expedientes, la intervención continúa al frente de la sede local. El proceso judicial contra Camejo por supuestas maniobras fraudulentas sigue su curso, mientras que la dirigencia interventora se enfoca en regularizar la situación institucional para llamar, eventualmente, a un proceso electoral transparente y con las cuentas saneadas.
Redacción de 7Paginas
