Olivera destacó que el Código Procesal Penal vigente contempla la protección de quienes sufren un delito, estableciendo protocolos claros para la actuación tanto de la Fiscalía como de la Policía, especialmente en casos de intimidación pública.
Derechos garantizados
Entre los puntos más relevantes que ampara la normativa se destacan:
El derecho de las víctimas a ser oídas y tratadas con dignidad y respeto.
A recibir información sobre el avance de la investigación y su resolución final.
A contar con medidas de protección tanto para su seguridad como la de sus familiares.
A reclamar frente a la demora o ineficiencia en la investigación.
Rol de las autoridades
El licenciado remarcó que la Fiscalía y la Policía tienen la obligación de actuar de oficio ante delitos de acción pública, identificar a los responsables, realizar allanamientos y secuestros de elementos vinculados a la causa, además de establecer corredores seguros en zonas de conflicto.
Enfoque en la prevención
Olivera hizo hincapié en que la política pública debe orientarse a profundizar la prevención social, la seguridad alimentaria y la protección social, para evitar tragedias como la ocurrida recientemente en el barrio Llamarada. En esa línea, señaló la importancia del asesoramiento gratuito y el trabajo en red con equipos preventivos.
Herramientas legales
En relación con la protección inmediata de las víctimas, recordó el Artículo 74 del Código Procesal Penal, que faculta al Juez de Garantías a disponer la exclusión o prohibición de ingreso al hogar del imputado en casos de lesiones, cuando la convivencia con la víctima implique un riesgo de reiteración de hechos violentos.
Finalmente, Olivera concluyó con un mensaje contundente: “Prevenir es salvar vidas, es Derecho Humano”.
Redaccion de 7Paginas
