La investigación judicial que se desarrolla en Concordia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a comedores escolares sumó nuevos detalles luego de que el medio nacional Infobae publicara información sobre el mecanismo que habría permitido desviar dinero destinado a la compra de alimentos para desayunos, almuerzos y meriendas.
De acuerdo con la publicación, la investigación alcanza a 37 establecimientos educativos de la ciudad y las diferencias detectadas entre las facturas y los remitos de las compras ascienden a $103.738.136.
La causa es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo de la fiscal Daniela Montangie, y tiene a siete personas imputadas, entre ellas la ex titular de la Dirección de Comedores de Concordia, Silvina Murúa.
Cómo habría funcionado la maniobra
Según reconstruyó Infobae a partir de la investigación, hasta agosto de este año los responsables de los comedores escolares recibían tarjetas de compra de Sidecreer para adquirir los alimentos que necesitaba cada establecimiento.
El objetivo del sistema era descentralizar las compras y permitir que los encargados de los comedores pudieran adquirir los productos en comercios cercanos a las escuelas.
Sin embargo, una auditoría realizada por la Dirección de Comedores de la provincia detectó diferencias entre los productos consignados en las facturas y los remitos correspondientes a las compras realizadas en 37 instituciones.
La hipótesis de los investigadores sostiene que los responsables de los comedores habrían sido presionados o persuadidos para realizar sus compras en determinados proveedores.
En ese esquema aparece la firma Ahora Voy SRL, perteneciente a dos hermanos identificados como Iñaki P. y Martín P., que habría concentrado buena parte de las operaciones.
Según la publicación, en algunos casos las tarjetas con fondos superiores al millón de pesos quedaban en poder de los responsables de la firma, quienes disponían del dinero destinado originalmente a la alimentación de los alumnos.
La investigación también menciona a un séptimo imputado, quien no tenía una función formal dentro de la Dirección de Comedores, pero que habría sido el encargado de trasladar importantes sumas de dinero a Murúa.
El rol que atribuyen a la exfuncionaria
De acuerdo con la acusación fiscal, desde enero de 2024 Murúa habría actuado junto con sus hermanos Adrián y Vanesa, y su cuñado Esteban Godoy.
La Fiscalía sostiene que el grupo habría ejercido maniobras de intimidación o persuasión de manera “constante, habitual y reiterada” para que los responsables de los comedores efectuaran las compras en una empresa determinada.
La causa busca determinar el destino final de los fondos y establecer si parte del dinero que debía utilizarse para alimentar a los alumnos fue destinado a otros fines.
Chats y documentación bajo análisis
Uno de los elementos incorporados a la investigación son conversaciones de WhatsApp entre Murúa y su hermana Vanesa.
Según informó Infobae, en esos intercambios aparecen referencias a cuadernos y documentación de la administración provincial, además de expresiones que los investigadores consideran de interés para reconstruir el funcionamiento de la presunta maniobra.
También se habría detectado una conversación entre Murúa y uno de los propietarios de Ahora Voy SRL vinculada al pago de un préstamo relacionado con una vivienda y a la posibilidad de obtener dinero de una determinada escuela.
La Justicia analiza además si los fondos de los comedores pudieron haber sido utilizados para la adquisición de inmuebles, viajes y ropa, entre otros gastos ajenos a la finalidad para la cual fueron asignados.
Una auditoría anterior ya había detectado irregularidades
El caso no comenzó con la investigación más reciente.
En junio de 2025, una auditoría realizada sobre 21 establecimientos educativos ya había detectado $66.143.225 cuyo uso no había sido debidamente justificado.
Ese procedimiento derivó en la remoción de Murúa de su cargo por decisión del gobernador Rogelio Frigerio.
Posteriormente, nuevas auditorías ampliaron el universo de establecimientos analizados y permitieron detectar diferencias por más de $103 millones.
Entre las situaciones que despertaron sospechas aparecieron incrementos que no tendrían justificación en la cantidad de alumnos registrados y diferencias entre los fondos enviados y las necesidades reales de las instituciones.
Los auditores también encontraron casos en los que una partida completa habría sido utilizada en una sola jornada y una fuerte concentración de las compras en apenas tres proveedores.
Cuadernos de menú y documentación cuestionada
Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la documentación vinculada a los menús escolares.
Ante un requerimiento de los auditores, se informó inicialmente que los cuadernos correspondientes a los menús de octubre y noviembre de 2024 habían sido destruidos por la presencia de roedores.
Días después, según la reconstrucción publicada por Infobae, fueron presentados nuevos cuadernos acompañados por remitos confeccionados recientemente, situación que también quedó bajo análisis judicial.
La causa y las acusaciones
La Fiscalía atribuye a los investigados conductas que, provisoriamente, fueron encuadradas en tres figuras penales en concurso real: peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita.
La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los imputados y el destino que tuvieron los fondos que, según las auditorías, no fueron debidamente justificados.
Se trata de una causa particularmente sensible para Concordia, teniendo en cuenta que los recursos investigados estaban destinados a garantizar la alimentación de alumnos de establecimientos públicos.
El contexto social de Concordia
El caso adquiere además una especial relevancia por el contexto social de la ciudad.
Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondientes al segundo semestre de 2025, Concordia registró un 49,9 por ciento de personas en situación de pobreza y un 13,6 por ciento de indigencia.
En ese contexto, el manejo de los recursos destinados a desayunos, almuerzos y meriendas escolares se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación.
La respuesta de Murúa
Murúa, quien tiene origen radical y fue vinculada políticamente con el presidente del bloque de Juntos por Entre Ríos en la Cámara de Diputados, Marcelo López, negó las acusaciones y sostuvo públicamente que fue ella quien alertó sobre las presuntas irregularidades.
Según su versión, el 7 de marzo de 2025 presentó junto a López una denuncia por presunta malversación de fondos, que posteriormente amplió en agosto.
La exfuncionaria afirmó que había advertido a funcionarios provinciales sobre la situación y cuestionó que, una vez que el caso tomó estado público, se la responsabilizara directamente.
“Creo que hay muchos que sabían y no hicieron nada. Que miraron para otro lado. Y ahora, cuando todo explota, necesitan a alguien que caiga. Y me eligen a mí”, había declarado en un medio local.
La Justicia deberá ahora determinar qué ocurrió con los fondos destinados a los comedores escolares, quiénes participaron de las presuntas maniobras y cuál fue el destino final del dinero.
