La intendenta de San Jaime de la Frontera, Miriam Ruth Díaz, fue denunciada por dos empleadas municipales por violencia y discriminación laboral. Las trabajadoras, de apellido Vargas y Corradini, alegaron haber sido víctimas de persecución laboral al inicio de la gestión de la actual intendenta, lo que llevó el caso a la justicia.
En marzo de 2024, la justicia falló a favor de las denunciantes, ordenando que fueran reincorporadas a sus puestos de trabajo y que se les compensara económicamente. Además, el fallo incluyó la recomendación de capacitaciones sobre la Ley Micaela y violencia laboral en el municipio. A pesar de este dictamen, el asesor legal del municipio apeló la sentencia.
El pasado 12 de septiembre, la Cámara de Apelaciones de Concordia resolvió no dar lugar a la apelación, confirmando el fallo original. La justicia ahora intimó a la intendenta Díaz a cumplir con la sentencia y reincorporar a las empleadas, quienes, según se informó a 7Paginas, aún no han sido reintegradas a sus funciones.
El caso, que revela una posible persecución ideológica debido a que las empleadas ingresaron en la gestión anterior, destaca actos de violencia simbólica y económica hacia las denunciantes, como la reducción de sus ingresos y la asignación de tareas físicas inapropiadas para su salud.
Este fallo marca un precedente en el tratamiento de denuncias por violencia y discriminación laboral en el ámbito público, y subraya la importancia de que las instituciones cumplan con las leyes de protección a los trabajadores.
Redacción de 7Paginas
