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Iosper: afirman que la intervención costó diez veces menos que la gestión anterior

El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer un informe contundente sobre el impacto económico de la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia (Iosper), dispuesta por el gobernador Rogelio Frigerio. En seis meses, el costo total del proceso fue de 201 millones de pesos, una cifra que representa apenas una décima parte del gasto mensual que sostenía la conducción gremial anterior solo en sueldos del Directorio, asesores y personal jerárquico.
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La comparación expone con claridad el modelo que se intenta dejar atrás: una estructura costosa, opaca y descontrolada, donde predominaban intereses sectoriales y privilegios sobre las necesidades de más de 300.000 afiliados entrerrianos.

Resultados concretos de la intervención

Desde la intervención, el Iosper ha comenzado un proceso de saneamiento y transparencia, que ya muestra avances significativos:

Reducción del déficit: Se logró una baja del 30% en el déficit mensual, gracias a la revisión de contratos, la eliminación de gastos innecesarios y la implementación de mecanismos de control que antes no existían.

Detección de corrupción y abusos: La intervención descubrió más de mil prótesis compradas y nunca entregadas, sobreprecios de hasta un 1.000% en medicamentos, y al menos 80 personas cobrando sueldos sin cumplir tareas reales. Todas estas irregularidades fueron denunciadas ante la Justicia.

Fin de los monopolios: Se desarmó el esquema de proveedor único para la provisión de prótesis. Actualmente, hay cinco prestadores habilitados y trece bancos de prótesis distribuidos en la provincia, lo que mejoró los tiempos de entrega, redujo costos y democratizó el acceso.

Hacia una nueva obra social: OSER

Este proceso de transformación no se detiene. El Ejecutivo ya presentó en la Legislatura el proyecto de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), que busca reemplazar al actual Iosper con un sistema más transparente, eficiente y centrado en el afiliado.

El nuevo esquema plantea control público, reglas claras, topes salariales y una estructura que priorice la calidad de las prestaciones y la equidad en el acceso.

Desde el Gobierno advierten que las críticas sindicales actuales responden a la pérdida de privilegios de sectores que durante más de veinte años utilizaron los aportes de los trabajadores para sostener un modelo corporativo y cerrado.

“Estamos decididos a construir una obra social que deje atrás la corrupción y responda realmente a las necesidades de los entrerrianos”, afirmaron desde el Ejecutivo.

La intervención marca un punto de inflexión. El desafío ahora es sostener el rumbo y consolidar una obra social moderna, austera y al servicio de la salud de todos.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas