La denuncia, presentada el 1º de abril, incluye 21 páginas de informe y tres anexos documentales, donde se detallan más de 1.000 trámites pendientes de prótesis al cierre de 2024, además de 573 casos retenidos sin justificación en un estado de “observación”, lo que habría afectado directamente la salud de los afiliados y generado importantes perjuicios económicos a la obra social.
Trámite trabado: cómo funcionaba el sistema denunciado
Según el documento firmado por la Comisión Fiscalizadora del Iosper, los médicos auditores contaban con tres opciones ante un pedido de prótesis: autorizar, rechazar o dejar el trámite “en observación”. Este último estado, que debía ser transitorio y justificado, se utilizaba deliberadamente para frenar autorizaciones sin razón aparente, buscando beneficiar al prestador según su capacidad económica del momento.
“El objetivo no era responder a las necesidades del afiliado, sino al bolsillo del proveedor”, acusaron los fiscalizadores, y aseguraron que la operatoria se realizaba con total anuencia de las autoridades del Iosper, que omitieron aplicar sanciones o cláusulas contractuales por incumplimiento.
Un contrato por cápita manipulado
El convenio con Apocier funcionaba bajo el esquema de cápita, es decir, un pago fijo por mes sin importar la cantidad real de cirugías realizadas. Este modelo, que debería equilibrar los costos entre prestador y contratante, fue manipulado para que Iosper nunca superara el 40% de intervenciones posibles en el mes, minimizando así los riesgos de pérdida para el proveedor.
La demora deliberada en los procesos habría llevado a que los afiliados optaran por pagar de su bolsillo o incluso a que se judicializara el acceso a las prótesis, generando una oleada de amparos que la obra social debió afrontar, tanto en lo legal como en la compra de insumos a otros prestadores, duplicando costos.
¿Hubo muertes por la demora?
La denuncia también pide investigar si hubo fallecimientos o daños graves en la salud de los afiliados como consecuencia de esta maniobra. En los anexos se identifican:
29 casos autorizados que no se concretaron por falta de insumos.
420 afiliados que pagan un fondo voluntario y tampoco recibieron atención.
573 trámites “en observación” sin causa documentada.
Además, se solicita saber si se iniciaron sumarios administrativos en Iosper, si Apocier fue sancionada, y qué medidas se tomaron para corregir la situación.
El paso a la Justicia
Tras un dictamen firmado por la fiscal del Tribunal de Cuentas, Nanci Vinagre, el presidente del organismo, Diego Lara, envió toda la documentación al Ministerio Público Fiscal. Ahora será el procurador general Jorge García quien deberá decidir si da inicio a una investigación penal preparatoria.
Mientras tanto, el caso suma preocupación entre los afiliados y vuelve a poner en el centro del debate el funcionamiento de una de las obras sociales más importantes de Entre Ríos.
Con información de Analisis
Redaccion de 7Paginas
