Trayectoria: del Senado al Instituto del Seguro
Formado como contador público, Juan D. Orabona inició su carrera política-administrativa en la Legislatura de Entre Ríos durante la década de 1990. Su primer padrinazgo fue el senador Mario Alberto Yedro (PJ-Concordia) en la gestión 1995–1999 (gobernación de Jorge Busti), donde Orabona se desempeñó como asesor encargado de “hacer caja” para el legislador. Ya en esos años se le atribuían habilidades para la ingeniería financiera poco transparente: según testimonios, recomendó a Yedro comprar campos a bajo precio y obtuvo una jugosa comisión personal con la que adquirió su vivienda. Tras el escándalo que terminó con el campo de Yedro decomisado por enriquecimiento ilícito (causa en la que los fiscales llegaron a poner la lupa sobre las maniobras de Orabona), “Palito” –como lo apodan– salió de escena temporalmente.
Con el regreso del PJ al poder provincial, Orabona volvió a la Legislatura en 2003 de la mano del senador Héctor Strassera (otro dirigente justicialista de Concordia). Gracias a sus contactos y experiencia, en 2007 alcanzó el cargo clave de Director General de Administración de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, manejando las finanzas de la Cámara alta. Ese nombramiento coincidió con la gobernación de Sergio Urribarri (2007–2011) y la vicegobernación de José Lauritto, con quien inicialmente no tenía relación de confianza. Sin embargo, Orabona pronto se ganó el beneplácito de Lauritto resolviendo “favores” administrativos –por ejemplo, otorgando un contrato legislativo a un allegado del vicegobernador– y se consolidó como pieza técnica indispensable en el manejo presupuestario del Senado. Desde esa posición, tejió vínculos con el poder peronista entrerriano y conoció de primera mano el flujo interno de fondos públicos.
Tras dejar la Legislatura en 2011, Orabona acompañó a Lauritto (ya exvicegobernador) al Ministerio de Educación provincial, coordinando la contabilidad ministerial. Un año más tarde, en 2012, Gustavo Bordet –por entonces intendente de Concordia– lo convocó para ocupar la secretaría más importante del municipio. El lazo personal Bordet-Orabona (forjado en su juventud en Concordia) se tradujo así en una relación político-profesional: Orabona administró el estudio contable de Bordet y sus negocios privados durante la intendencia, según fuentes locales. En aquellos años, Concordia vivió un “boom” inmobiliario en el que la municipalidad loteaba terrenos y expandía infraestructura; trascendidos señalan que Orabona se involucró en esos movimientos, incluso articulando con funcionarios de AFIP y prestanombres para aprovechar negocios de urbanización exentos de impuestos.
El gran salto llegó con Bordet ya en la Gobernación. En 2016, Orabona fue premiado con uno de los puestos financieros más codiciados de Entre Ríos: la presidencia del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPSER). Este organismo estatal, que maneja seguros oficiales y cuantiosos fondos, se convirtió en su nueva base de poder económico. Orabona ejerció la presidencia del IAPSER por casi cinco años (2016–2020), hasta que en julio de 2020 renunció al cargo para asumir un puesto nacional en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), designado por el gobierno federal como delegado argentino ante la represa binacional. Desde entonces se desempeño como vicepresidente de la CTM, manteniendo influencia en otra institución clave de la región.
Cronología de cargos y vínculos clave
Año(s) Cargo o rol desempeñado Conexiones políticas asociadas
1995–1999 Asesor en Senado de Entre Ríos (bloque PJ) – Hacía “caja” para senador Mario Yedro. Apadrinado por Mario Yedro (PJ, aliado de Busti).
2003–2007 Personal administrativo del Senado – Encargado de finanzas de Héctor Strassera. Cercano a Héctor Strassera (PJ Concordia).
2007–2011 Director Gral. Administrativo Contable del Senado – Manejo de fondos legislativos. Nombrado bajo gob. Sergio Urribarri; vice José Lauritto.
2011–2012 Coordinador contable, Ministerio de Educación de Entre Ríos. Colaborador de José Lauritto (ministro tras ser vice).
2012–2015 Secretario de Hacienda (u otro cargo central) en Municipalidad de Concordia. Designado por Gustavo Bordet (Intendente Concordia).
2016–2020 Presidente del Directorio de IAPSER (aseguradora estatal). Nombrado por gob. Gustavo Bordet; manejo de caja provincial.
2020–2023 Delegado argentino y Vicepte. en CTM Salto Grande. Nombrado durante gob. nacional AF; trabajando con Luis Benedetto y Maya (PJ ER).
2018–2025 Imputado en megacausa “Contratos Truchos” – acusado de desvío de fondos legislativos. Investigado por fiscales provinciales; ligado a Gustavo Bordet (supuesto beneficiario).
2010–2016 Operador en red inmobiliaria de Concordia – bajo investigación por enriquecimiento ilícito. Vinculado con Gustavo Bordet, Hugo Mena, Flavia Beckman (operadores locales).
IAPSER: manejo discrecional, nepotismo y auge patrimonial
La gestión de Orabona al frente del IAPSER (2016–2020) estuvo marcada por el control de una de las “cajas” más importantes del Estado entrerriano. Como presidente del Directorio de esta aseguradora provincial, manejó sumas millonarias provenientes de seguros obligatorios de todas las dependencias públicas. No sorprende que su patrimonio personal creciera significativamente en esos años. De hecho, al dejar el cargo para pasar a la CTM en 2020, Orabona declaró un patrimonio de aproximadamente $38,2 millones de pesos (sin deudas) en su última declaración jurada, habiendo arrancado el período con $25,5 millones. Esto implica un salto de más de $12 millones en un año, parcialmente atribuido a revalúos pero también a una notable acumulación de efectivo. Entre los bienes declarados por Orabona figuraban dos embarcaciones, una camioneta Volkswagen Amarok y, llamativamente, grandes sumas de dinero líquido: $16 millones en efectivo, además de dólares en múltiples cuentas cuyo valor equivalente superaba los 7 millones de pesos adicionales. Tal liquidez en mano es inusual para un funcionario público y despertó suspicacias sobre el origen de esos fondos.
Dentro del IAPSER, Orabona operó con discrecionalidad y cercanía al poder político. Documentos oficiales revelan casos de nepotismo durante la gestión Bordet: por ejemplo, integraron el Directorio de IAPSER Horacio Bahl y Camilo Stratta, hermanos del exvicegobernador Adán Bahl y de la entonces vicegobernadora Laura Stratta, respectivamente. Ambos cobraban sueldos elevados (más de $240.000 netos mensuales en 2021, equivalentes a más de $400.000 brutos) por sus cargos, lo cual fue criticado como pago de favores políticos dentro del organismo. Tanto Bahl (contador) como Stratta (abogado) tenían profesion pero su nombramiento coincidió con el ascenso político de sus hermanos y alimentó cuestionamientos sobre el uso del IAPSER como refugio de allegados al poder.
En paralelo, durante su conducción de la aseguradora estatal, surgieron cuestionamientos sobre contrataciones millonarias sin transparencia ni competencia. Un ejemplo resonante fueron las pólizas de seguro aeronáutico de la Policía de Entre Ríos: entre 2017 y 2023 se renovaron directamente con IAPSER sin licitación, con costos crecientes que alcanzaron U$S 556.000 en 2023–2024 –un valor cinco veces superior al que pagó otra provincia (Corrientes) por asegurar más aeronaves en la misma época. Investigaciones periodísticas señalaron un probable sobreprecio del 400% en la cobertura contratada por Entre Ríos bajo este esquema. La explicación de fondo radica en un privilegio legal: desde 1971, una ley provincial obliga a todos los entes públicos entrerrianos a contratar seguros exclusivamente con IAPSER, lo que habilita la contratación directa sin concurso. Esta falta de competencia habría permitido primas muy por encima del mercado, generando un lucro extraordinario para el IAPSER (y potencialmente para quienes controlaban sus fondos) en perjuicio del erario. Aunque no se ha judicializado específicamente el caso de los seguros, ilustra el manejo poco transparente de contrataciones durante la gestión Bordet-Orabona.
Otro frente polémico fue una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el gerente general histórico del IAPSER, Cdor. Martín Fernández (colaborador de Orabona), iniciada en 2015 tras revelaciones de un incremento patrimonial exponencial durante el urribarrismo. Bordet asumió prometiendo tolerancia cero a la corrupción, pero lejos de apartar a Fernández, lo confirmó en el cargo el mismo día que la fiscalía abrió la causa. Fernández, quien se había vuelto súbitamente millonario con inversiones en complejos turísticos y empresas familiares, continuó en funciones varios años más. Esta situación, sumada a las designaciones de amigos y familiares en el Instituto, abonó la percepción de escaso control interno y complicidad política en el manejo de IAPSER. Si bien Orabona no fue formalmente imputado en la causa Fernández, la decisión de sostener a un colaborador investigado reflejó las prioridades políticas de la gestión.
Finalmente, cabe mencionar un caso que tocó al IAPSER indirectamente y reveló la trama de favores cruzados en la órbita peronista. Durante la intendencia de Enrique Cresto en Concordia (aliado de Bordet), el municipio nombró a un productor de seguros de confianza, Ignacio Caprarulo, como intermediario “ad honórem” con IAPSER, a pesar de que la ley imponía contratar directamente sin agentes. Investigaciones destaparon que este intermediario cobró comisiones millonarias pagadas por el IAPSER con fondos provinciales, contradiciendo la normativa. Solo en 2024, con un nuevo intendente, se anuló esa intermediación y se dejó de pagar a Caprarulo, reconociendo que no correspondía remunerarlo si su cargo era honorario. El episodio mostró cómo vínculos personales y políticos (Cresto es del mismo signo político que Bordet) permitieron excepciones para beneficiar a allegados con dinero público, usando al IAPSER como vehículo financiero. En síntesis, la etapa de Orabona en el Instituto del Seguro se caracterizó por el manejo discrecional de fondos, un entorno de privilegios para la dirigencia peronista y un notable engrosamiento de su propia fortuna personal, factores que hoy están bajo la lupa.
La megacausa de los contratos “truchos”: desvío de fondos legislativos
El nombre de Juan Domingo Orabona cobró notoriedad pública a partir de la investigación de los “contratos truchos” (contratos falsos) en la Legislatura entrerriana. Se trata de una megacausa de corrupción iniciada en 2018, que destapó un esquema sistemático (2008–2018) de desvío de fondos a través de contratos de personal apócrifos en ambas cámaras legislativas. Según la acusación de la fiscalía, durante una década se celebraron cientos de contratos de obra o locación de servicio a nombre de personas que nunca realizaban tarea alguna, pero cuyos haberes eran cobrados y canalizados a una red organizada de recaudación ilegal. El dinero salía del presupuesto de la Legislatura –es decir, de las arcas públicas– y terminaba engrosando bolsillos privados. Se estima que el desfalco alcanzó casi 5.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares al cambio oficial de 2021), lo que convierte al caso en uno de los mayores escándalos institucionales de Entre Ríos.
Orabona figura entre los 32 imputados en esta causa y, de acuerdo con los fiscales, fue uno de sus operadores clave. No es para menos: ocupó el cargo de Director de Servicios Administrativos Contables del Senado –es decir, el jefe de finanzas de la Cámara Alta– justo en el período crítico (particularmente 2007–2011, aunque el esquema continuó años después). En la audiencia de remisión a juicio celebrada en abril de 2025, el Ministerio Público Fiscal detalló la estructura piramidal de la asociación ilícita y destacó el rol de Orabona como “facilitador clave” en la administración y destino del dinero ilícito. Los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry y Gonzalo Badano presentaron pruebas documentales, bancarias y comunicaciones que ubican a Orabona en el nivel decisorio del circuito delictivo, junto a otros exfuncionarios de peso (como Alfredo Bilbao, Gustavo Pérez y Jorge Enrique Debreuil, este último histórico armador financiero legislativo).
Operativa del fraude y papel de Orabona
El mecanismo de los contratos truchos funcionaba como una “empresa criminal” dentro del Estado. Se reclutaban personas (a veces empleados precarios, otras veces directamente identidades prestadas) para figurar como contratados de la Legislatura; esos “falsos contratistas” cobraban cheques mensuales por servicios nunca prestados y luego entregaban la mayor parte del efectivo a los organizadores de la maniobra. En la cúspide de esa organización, Orabona actuaba de “contador” y articulador: aprovechando su cargo institucional, tenía acceso y control sobre los fondos, y según la acusación los blanqueaba y redistribuía mediante diversos mecanismos administrativos. En otras palabras, era quien garantizaba que el dinero sustraído encontrara destino seguro en inversiones o en las manos de los beneficiarios finales, sin dejar rastros evidentes en las cuentas oficiales.
La Fiscalía sostiene que Orabona no solo percibió sumas producto del fraude, sino que también las reinvirtió activamente en bienes. Parte del dinero desviado habría sido canalizado a la compra de propiedades, ganado y desarrollos inmobiliarios. De hecho, durante la investigación se detectó que Orabona inició años atrás la adquisición masiva de terrenos a nombre de terceros, cuestión que luego derivaría en otra causa (ver sección siguiente). Un ejemplo expuesto en la causa es revelador: Flavia Beckman y Hugo Mena, un matrimonio imputado que oficiaba de engranaje central en la operatoria, tenían vínculo directo con Orabona y –según se probó– retiraban grandes sumas de cajeros automáticos para la “recaudación”. En 2018, Beckman fue sorprendida retirando dinero de múltiples ATM en Paraná, mientras Mena la esperaba con el botín a pocas cuadras. Este dúo, aparentemente de condiciones humildes, movió caudales inexplicables de dinero; la clave, según los fiscales, es que eran prestanombres al servicio de Orabona y sus superiores, sirviendo para acumular bienes que luego terminaban en manos de personajes más encumbrados.
Orabona, Beckman y Mena, junto a otros 22 acusados, enfrentan el avance hacia el juicio oral luego de que 10 implicados menores aceptaran probation o suspensión de juicio a prueba en abril de 2025. La jueza de Garantías Marina Barbagelata rechazó los últimos intentos defensivos de frenar el proceso, y todo indica que Entre Ríos verá sentados en el banquillo a varios exfuncionarios por este esquema. Para Orabona, en particular, la Fiscalía pediría hasta 8 años de prisión dada su posición jerárquica en la asociación ilícita. Llama la atención –señala un informe periodístico– que la cadena de mando de la trama delictiva parezca detenerse en Orabona y no escalar más arriba. En efecto, a pesar de las sospechas generalizadas, ningún exlegislador o alto dirigente político fue formalmente acusado como instigador; la responsabilidad penal máxima, por ahora, recae en estos operadores de segundo rango. Este hecho ha alimentado la tesis de que Orabona podría terminar siendo “el entregado” de turno, protegiendo a figuras superiores. Como referencia histórica, Entre Ríos tiene un largo listado de funcionarios medios sacrificados en causas de corrupción (Yedro, Alanís, Pacayut, etc., todos ligados a gestiones previas) mientras los jefes políticos lograron eludir la cárcel.
Durante el proceso, se ventilaron también indicios de encubrimiento y presiones políticas para frenar la investigación. Tras imputársele por primera vez, trascendió que sonaron teléfonos “rojos” en la Casa Gris (sede de la gobernación) y tres altos mandos –dos del Ejecutivo provincial y uno del Poder Judicial– habrían intervenido para enfriar la situación. Orabona consiguió a uno de los abogados defensores más costosos y conectados (“el Pavo Real”, lo apodan), y por un tiempo la causa enfrentó dilaciones notables. De hecho, entre 2018 y 2021 estuvo frenada por disputas de competencia entre la Justicia provincial y la federal, pues algunos alegaban que el dinero podría haberse usado para campañas electorales (lo que llevaría el caso al fuero federal). Finalmente la Corte Suprema de la Nación zanjó la cuestión en marzo de 2023, confirmando la jurisdicción provincial y destrabando el camino a juicio. Los fiscales entrerrianos descartaron explícitamente el argumento del financiamiento político: aseguran que el dinero no fue a campañas sino a bolsillos privados, lo que refuerza la acusación de enriquecimiento personal ilícito. Sin embargo, desde el inicio hubo rumores en los pasillos de que buena parte de esos fondos ilícitos habían servido para financiar las campañas de Bordet (a intendente en 2015, a gobernador en 2015 y su reelección en 2019), con Orabona como recaudador oculto. Tales versiones nunca se probaron formalmente, pero contribuyen a pintar el cuadro de un esquema donde lo público y lo político-partidario se mezclaron de modo turbio.
Hoy, a las puertas del juicio, Juan «Palito» Orabona se encuentra en una posición delicada. Según trascendió en su entorno, está desconfiado del poder político e incluso de su viejo amigo Bordet, temiendo ser abandonado a su suerte una vez sentado en el banquillo de los acusados. “El día que me sienten en el juicio, todos me van a desconocer”, habría repetido en privado. No es un temor infundado: el juego de preservación de las «cabezas» del poder suele implicar que operadores de segundo orden carguen con las culpas. De hecho, la Fiscalía de Estado de Entre Ríos, representada por Julio Rodríguez Signes, se presentó en la causa Contratos con una curiosa posición: en lugar de defender a ultranza a todos los imputados estatales, apuntó a deslindar responsabilidad en los directores contables (como Orabona) para salvar a los altos funcionarios electos. Esta maniobra no pasó desapercibida: hasta abogados consultados de fuera de la provincia se sorprendieron por el conflicto de intereses de defensores que representan simultáneamente a legisladores (posibles beneficiarios últimos) y a sus subordinados técnicos en la misma causa. Todo indica que la suerte de Orabona será un barómetro de hasta dónde la Justicia entrerriana está dispuesta a llegar en la depuración de la corrupción estructural: ¿se quedará en él o escalará hacia sus superiores políticos?
El imperio inmobiliario de Concordia: la denuncia del “zar” de las propiedades
Paralelamente al escándalo de los contratos, otra trama de corrupción salió a la luz vinculando a Orabona y Bordet, esta vez en el ámbito municipal de Concordia. En noviembre de 2024, el ciudadano Luis Ángel Zanabria presentó una denuncia penal explosiva ante la Procuración General de la provincia, apuntando directamente contra el exgobernador Gustavo Bordet y Juan Orabona –por entonces vicepresidente de la CTM– por delitos de negociaciones incompatibles, fraude a la administración pública, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. La denuncia, basada en una investigación periodística previa, destapa el presunto armado de un “imperio inmobiliario” corrupto en Concordia durante la época en que Bordet fue intendente (2007–2015), en el cual Orabona habría funcionado como operador financiero clave.
Según el escrito de Zanabria (y el artículo periodístico titulado “El auge y la caída de un imperio inmobiliario en Concordia: la red de corrupción que involucra a Bordet y Orabona”), la maniobra fue la siguiente: Orabona, actuando como “cajero” de Bordet, facilitó la compra de más de 130 propiedades a nombre de un tercero de absoluta confianza (Hugo Mena), las cuales luego terminaban transferidas a personas muy cercanas a Bordet e incluso al propio exgobernador. Todo ocurrió entre 2010 y 2016, últimos años de Bordet en la intendencia y comienzos de su gestión provincial. El esquema comenzaba con la compra de terrenos a precio irrisorio –por ejemplo, se menciona un gran lote perteneciente a la familia Socas– aprovechando información privilegiada y el poder político local. Obtenidos los permisos para lotear, la administración de Bordet procedía a dirigir obras públicas e instalar servicios (agua, luz, pavimento, cloacas) en esos terrenos para urbanizarlos y multiplicar su valor. Mientras tanto, los titulares formales de las tierras eran prestanombres sin capacidad económica real: principalmente Hugo “Chavo” Mena, un personaje que literalmente vivía en condiciones de indigencia, y su esposa Flavia Beckman.
Aquí es donde entra Orabona: Mena le otorgó a Orabona un poder legal amplio para administrar y disponer de las propiedades adquiridas. En otras palabras, el indigente figuraba en los papeles, pero quien movía los hilos y tomaba decisiones era “Palito”. De ese modo, Orabona se encargó de comprar decenas de inmuebles (lotes principalmente) en distintas localidades –Paraná, Victoria y especialmente Concordia– usando el nombre de Mena. Resulta difícil de creer que una persona sin recursos adquiriera súbitamente tantas propiedades en diferentes ciudades; la realidad, según la denuncia, es que el dinero provenía de la red de contratos falsos antes descrita. De hecho, la propia investigación periodística conecta los puntos: Mena sería integrante de la banda de “tarjeteros” que operó con más fuerza durante el primer mandato de Bordet (como gobernador, 2015–2019), dedicándose a retirar enormes sumas de dinero con tarjetas vinculadas a los contratos truchos. Es decir, los fondos que Mena/Beckman sacaban de los cajeros habrían servido para financiar las compras de tierras. Durante años, esta banda manejó una fortuna, pero dado que Mena y su esposa hoy no ostentan riqueza (siguen viviendo humildemente), se presume que ellos eran solo vehículos para que el dinero y los inmuebles terminaran en manos de otros.
Una vez urbanizados y revalorizados los lotes (Concordia experimentó un auge inmobiliario tal que barrios enteros se transformaron; por ejemplo, la zona de Nebel, cercana a la costa del río Uruguay, que con nuevas obras municipales se volvió un sector cotizado), esos bienes eran traspasados a figuras del círculo íntimo de Bordet. La denuncia detalla casos concretos: en 2011, Bordet (siendo intendente) “compró” a Hugo Mena un terreno de ~500 m² por apenas 25.000 pesos. Ese terreno, ubicado en un lugar estratégico (loteo entre Av. Chajarí y San Lorenzo, camino a Playa Nebel), recibió pavimento, iluminación y un parque público con pista de skate impulsados por la gestión municipal (incluso Mariel Ávila, esposa de Bordet y actual diputada, estuvo a cargo de la parquización). Gracias a estas mejoras pagadas con fondos municipales, la zona se valorizó enormemente, con lotes que hoy cotizan cerca de US$500.000 cada uno. Bordet vendió ese terreno en 2016, obteniendo un “negocio redondo”: compró barato, hizo que el Estado invierta para subir el precio, y vendió caro en beneficio propio. Todo sin arriesgar capital personal para las obras.
Operaciones similares se replicaron con decenas de lotes. Al rastrear las titularidades, se encontró que en 2011 muchos terrenos figuraban a nombre de Hugo Mena y Flavia Beckman; pero hacia 2016, los mismos pasaron a nombre de terceros cercanos al poder, como Walter Doronzoro (secretario general de la UOCRA provincial) e incluso del propio Juan Domingo Orabona. Esto último es clave: Orabona no solo manejaba las propiedades de Mena, él mismo se quedó con algunas. Es decir, además de ser el facilitador, habría aprovechado para obtener tajada directa del botín inmobiliario.
La denuncia de Zanabria, ahora en curso en la justicia entrerriana, pide revisar actas, escrituras, poderes notariales (varios otorgados ante la escribana Luján Orabona, hermana de Juan, lo que muestra cómo la red involucró a familiares), y solicita informes de organismos fiscales (AFIP y ATER) para seguir el rastro del dinero sucio. Se investiga si además de Bordet y Orabona, participaron otros funcionarios en la planificación de este esquema. Los cargos imputados incluyen enriquecimiento ilícito, lo que sugiere que buscarán probar que Bordet incrementó su patrimonio a través de estas operaciones fraudulentas. De confirmarse siquiera parte de esta trama, caería por tierra la imagen impoluta que Bordet intentó proyectar –recordemos que al asumir como gobernador en 2015 dijo con orgullo que nunca había tenido una denuncia por corrupción en sus gestiones anteriores–. Ahora, las evidencias apuntan a que, lejos de eso, su gestión municipal pudo haber sido el caldo de cultivo de un sistema de corrupción inmobiliaria sofisticado.
Para Juan Orabona, esta causa paralela complica aún más su situación. Ya no se trata “solo” del desvío de fondos legislativos, sino de una ingeniería integral de corrupción que abarca lo público (contratos, obras municipales) y lo privado (negocios inmobiliarios personales). Todo indica que las propiedades adquiridas mediante los contratos truchos fueron el eslabón perdido que conecta ambas historias. En los tribunales de Concordia se menciona que Orabona está directamente vinculado a la nueva investigación de 2024 a través de su hermana escribana y de sus viejos conocidos Mena y Beckman. Es decir, la justicia logró armar el rompecabezas: los mismos nombres de la causa legislativa aparecen en las maniobras en Concordia. Esto robustece las acusaciones, pues muestra un patrón de conducta: Orabona habría usado distintas estructuras (Senado, Municipio) con el mismo fin último de desviar fondos públicos y transformarlos en bienes privados para la cúpula política a la que respondía.
La repercusión de esta denuncia ha sido mayúscula en Entre Ríos. Medios locales y nacionales comenzaron a hablar de la “red Bordet-Orabona” y la oposición exigió explicaciones. Se espera que la justicia avance con firmeza: “Las acusaciones son graves y el público espera respuestas. El escándalo no solo podría desmoronar la reputación de Bordet y sus allegados, sino también sacudir los cimientos del poder en Entre Ríos”, escribió la prensa al conocerse la denuncia. Por ahora, es el comienzo de un caso que promete revelar los entresijos de la corrupción en Concordia, pero ya hay quienes lo consideran un ejemplo casi didáctico de cómo operó la corrupción estructural en la provincia durante la última década.
Redes de poder: conexiones políticas y empresariales
La historia de Juan Domingo Orabona no ocurre en el vacío: él es parte de una trama política y empresarial más amplia en Entre Ríos, tejida al calor de años de hegemonía peronista provincial. Sus conexiones incluyen a exgobernadores, intendentes, legisladores, empresarios amigos del poder e incluso familiares de la dirigencia, configurando un mapa de influencias que facilitó los manejos discrecionales de fondos.
En primer lugar, su vínculo con Gustavo Bordet es central. No solo compartieron estudios en la juventud y amistades comunes, sino que Bordet confió en Orabona para puestos sensibles a lo largo de toda su carrera: lo tuvo como asesor contable en Concordia y luego le entregó la presidencia del IAPSER, una posición estratégica donde manejar dinero fresco y construir relaciones con aseguradoras y bancos. En los círculos políticos paranaenses se llegó a decir abiertamente que “Orabona es el cajero de Gustavo Bordet”, insinuando que oficiaba de tesorero informal de sus campañas y proyectos. De hecho, los señalamientos a Bordet por presunto enriquecimiento ilícito coinciden temporalmente con el período en que Orabona administró sus “cajas” (primero la del Senado, luego la del Seguro). Actualmente, Bordet –que desde 2023 es diputado nacional– está bajo la lupa de la justicia en la nueva causa de Concordia, y cualquier avance contra él necesariamente implica a Orabona como engranaje financiero.
También aparece la figura del exgobernador Sergio Urribarri. Si bien Urribarri en persona no ha sido vinculado a la causa contratos (él enfrentó sus propios procesos judiciales por otros hechos de corrupción), su administración creó el contexto donde la red de contratos truchos floreció. Recordemos que el mecanismo empezó alrededor de 2008, durante su primera gestión, y varios de los imputados principales –como Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, o Gustavo Pérez, entonces funcionario legislativo– provenían de su entorno. Orabona mismo obtuvo su cargo en 2007 cuando Urribarri asumió la gobernación, y compartió años de trabajo con hombres de confianza del urribarrismo (Lauritto, Debreuil, etc.). Esto sugiere una continuidad política: Orabona fue un técnico útil tanto para el esquema de recaudación de Urribarri como luego para el de Bordet, demostrando que estas redes trascienden a un solo líder y se mantienen de gobierno en gobierno dentro del mismo signo político.
Otro nombre que surge es el de Enrique Cresto, exintendente de Concordia y actual referente peronista (de la familia Cresto, de larga data en la política local). Cresto no está acusado en estas causas, pero su gestión municipal fue partícipe de tramas vinculadas a Orabona. Como se detalló, bajo Cresto el IAPSER pagó comisiones irregulares a un allegado suyo gracias a la venia de Orabona. Además, Cresto pertenecía al círculo político de Bordet en Concordia, donde se dio el negocio de los lotes. Es difícil pensar que un movimiento de tierras tan amplio, que transformó barrios enteros, pasara inadvertido para el intendente Cresto; al contrario, se sospecha que hubo coordinación política local. La propia denuncia menciona que las mejoras en los terrenos (como plazas y luminarias) fueron realizadas por el municipio –primero con Bordet intendente y luego continuadas en la era Cresto–. Es decir, hubo una línea de acción sostenida que involucra a ambas administraciones. Políticamente, Cresto y Bordet siempre estuvieron alineados (de hecho Bordet lo apoyó para cargos nacionales), lo que refuerza la idea de una red de lealtades donde Orabona proveía el know-how financiero.
En la lista de conexiones no pueden omitirse los operadores de segunda línea que resultaron vitales: casos de Hugo Mena y Flavia Beckman, ya explicados como presuntos testaferros; Jorge Enrique Debreuil, mencionado como “cerebro de las finanzas” del Senado en tiempos de Lauritto (Debreuil fue secretario administrativo del Senado, un puesto político-técnico, y figura entre los imputados en contratos); Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de la provincia, quien jugó un rol controvertido al intervenir en la causa legislativa buscando proteger a las autoridades y dejar expuestos a funcionarios como Orabona. Y también la conexión con el poder judicial: la data24 denunció que un alto juez habría colaborado para frenar la imputación de Orabona en un inicio, lo que sugiere que las ramificaciones alcanzan a la Justicia.
No menos importante es la pata empresarial. Aunque Orabona en sí no es un empresario reconocido, su gestión al frente del IAPSER lo relacionó con el sector asegurador. Un caso destacado involucró a José Luis Gioja (exgobernador de San Juan): el IAPSER durante años hizo negocios en San Juan representado por un exdiputado giojista, Moisés Lara, quien actuaba a la vez como agente de seguros privado y como delegado del IAPSER, en violación de normas. Ese convenio incluyó préstamos del IAPSER a Lara para un inmueble que luego el propio Instituto alquiló, y hasta pagos extraordinarios al gobernador Gioja (una indemnización millonaria tras un accidente aéreo). Todo salió a la luz en 2017, provocando un escándalo que obligó a Bordet a remover a Lara de esa representación. ¿Por qué es relevante? Porque demuestra el modus operandi extraterritorial del IAPSER bajo Orabona: convenios poco transparentes, probablemente funcionales a alianzas políticas (Bordet-Gioja, en este caso). Si extrapolamos, cabe preguntarse si Orabona replicó fórmulas similares con empresarios o contratistas en Entre Ríos. La causa contratos indica que parte del dinero pudo ir a la compra de haciendas o inversiones rurales, lo que implica acuerdos con productores o empresas del rubro. Lamentablemente, por ahora esas aristas no han sido del todo investigadas, concentrándose la justicia en la parte pública del esquema.
Finalmente, corresponde mencionar las reacciones políticas. En la Legislatura entrerriana, diputados opositores han exigido respuestas sobre estas denuncias. El radical Esteban Vitor y el entonces senador de Cambiemos Raymundo Kisser (fallecido en 2021) fueron de los primeros en advertir las irregularidades en los contratos legislativos ya en 2018, empujando a que se investigue. Más acá en el tiempo, el diputado Juan Domingo Zacarías (opositor) habló de “connivencia escandalosa” entre Bordet y Orabona, y pidió crear comisiones investigadoras. Incluso dentro del peronismo hay quienes en voz baja reconocen el problema: figuras históricas como Augusto Alasino (exsenador justicialista) han señalado que es inadmisible proteger a responsables de manejos oscuros, recordando casos del pasado donde se terminó pagando un alto costo político. Sin embargo, la “omertá” política en Entre Ríos ha predominado: hasta ahora, ni Bordet ni la plana mayor del PJ provincial han dado explicaciones públicas convincentes. Bordet, ante consultas tímidas de la prensa, ha negado todo y se ha limitado a decir que “está tranquilo” con sus declaraciones patrimoniales.
El panorama actual muestra a Juan Orabona como pieza central en una compleja red de corrupción político-financiera. Su rol como nexo entre el dinero y la política –ya sea a través de contratos truchos, del IAPSER o de negocios inmobiliarios– le ha valido el mote de “cajero” de la dirigencia gobernante. Las causas judiciales en marcha determinarán cuánto de lo sospechado puede ser probado: si se confirma que facilitó la compra de 130 propiedades para Bordet, o que desvió millones de pesos del Senado para enriquecimiento ilícito, su figura pasará a engrosar la triste lista de operadores corruptos que marcaron la historia entrerriana. Pero tal vez, más importante, estas investigaciones podrían finalmente tirar de la manta que cubre a los verdaderos beneficiarios finales. En palabras de la denuncia, esto “podría sacudir los cimientos del poder en Entre Ríos”, exponiendo cómo durante años se utilizaron las instituciones públicas para montar fortunas privadas y financiar proyectos políticos personales.
Fuentes consultadas: Medios entrerrianos Análisis Digital, Entre Ríos Ahora, 7Paginas, Ciudad Satélite, Política con Vos, La Caldera, Análisis Litoral, entre otros, además de documentos judiciales. Se han citado textualmente fragmentos relevantes para respaldar los hechos mencionados. Las causas y denuncias están en desarrollo al cierre de esta nota (julio de 2025), por lo que se aguarda su resolución para confirmar responsabilidades penales o deslindar a los involucrados. Entretanto, el caso Orabona-Bordet se ha instalado como símbolo de las asignaturas pendientes en transparencia que enfrenta la provincia. Las próximas instancias judiciales –el juicio oral por los contratos truchos y la investigación del esquema inmobiliario– serán test decisivos para la credibilidad de las instituciones entrerrianas en la lucha contra la corrupción.
Fuente: La Caldera
