Una jueza que es sobrina del gobernador. Un magistrado que fue ministro de quien luego lo propuso para ocupar el máximo tribunal. O un exdiputado oficialista que, sin trayectoria en la carrera judicial, llega a la Corte provincial. Estos no son casos aislados: son parte de un patrón alarmante que se repite en gran parte del país.
Según una investigación realizada por Ruido y CONNECTAS en conjunto con medios de todo el país, el 64% de los integrantes de las Cortes Supremas provinciales tuvo vínculos políticos antes de ser designado. Esto incluye haber ocupado cargos ejecutivos o legislativos, haber trabajado en dependencias del gobierno o haber tenido relaciones directas con funcionarios de turno.
En números, 88 de los 138 jueces y juezas de las 24 cortes provinciales (incluyendo CABA) llegaron a sus cargos con un pasado vinculado al poder político. Aún más grave: 76 de ellos fueron designados por gestiones del mismo signo político con el que habían estado relacionados.
La lupa sobre la independencia
La Constitución Nacional, al igual que las cartas magnas provinciales, establece como pilar fundamental del sistema republicano la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, los datos relevados muestran una situación que dista de este ideal. Entre jueces que fueron ministros, fiscales de Estado, diputados, asesores e incluso familiares de gobernadores, la imparcialidad del sistema queda seriamente comprometida.
La doctora en Derecho Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional, advierte que esta politización explica en parte la baja confianza de la sociedad en la Justicia: “En América Latina, sólo el 28% de la población confía en la Justicia. En Argentina ese porcentaje baja al 22%”.
Provincias con más vínculos
La investigación identificó a La Rioja, San Juan y San Luis como las provincias con mayor grado de politización en sus Cortes: en las tres, todos los integrantes tienen antecedentes de vínculos con el poder. Por ejemplo, en La Rioja, la sobrina del gobernador Ricardo Quintela, Ana Karina Becerra, fue nombrada jueza del Tribunal Superior y luego elegida presidenta del mismo, en un trámite exprés. Su esposo es funcionario provincial y socio comercial del mandatario.
En San Juan, los cinco jueces de la Corte fueron designados por gobiernos peronistas con los que trabajaron previamente. Lo mismo sucede en Tucumán, donde 4 de los 5 jueces del alto tribunal fueron fiscales de Estado o funcionarios del Ejecutivo.
Casos emblemáticos
En Entre Ríos, el exgobernador Sergio Urribarri, condenado por corrupción, fue liberado tras solo 50 días en prisión gracias a un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), presidido por Leonardo Portela, exfuncionario del poder político durante la gestión de Urribarri. El tribunal incluso habilitó la feria judicial para tratar el caso con urgencia, mientras otros expedientes similares seguían en espera.
En Tucumán, el juez Enrique Pedicone denunció al presidente de la Corte Suprema provincial, Daniel Leiva, por tráfico de influencias. Presentó un audio donde Leiva le pedía «manejar la intensidad» de una causa por abuso sexual que involucraba a un legislador. Lejos de avanzar la investigación, Pedicone fue destituido, mientras Leiva continúa en funciones.
Un sistema que protege y perpetúa
Aunque en todos los casos las designaciones judiciales respetaron las leyes locales, ninguna norma prohíbe los vínculos políticos previos, lo que permite la consolidación de un sistema judicial muchas veces funcional al poder de turno.
“Un juez debe agradecer el nombramiento, pero desde ese día ejercer su función con total independencia. Si no puede hacerlo, la Justicia deja de hablar en nombre del Derecho y pasa a hablar en nombre del poder”, advierte el constitucionalista Rodrigo López Tais.
El peronismo aparece como el signo político con mayor cantidad de jueces designados que previamente habían trabajado para gobiernos afines: 87 de los 138 casos relevados.
Falta de transparencia
Uno de los grandes obstáculos durante la investigación fue el acceso a la información: sólo nueve cortes respondieron formalmente, y apenas la de Córdoba brindó datos completos. En muchas provincias, los antecedentes profesionales de los jueces no están disponibles públicamente, y el secretismo impide una evaluación ciudadana o institucional sobre sus perfiles.
Para Clara Lucarella, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), es necesario revisar a fondo los mecanismos de selección: “Las trayectorias de quienes conforman el Poder Judicial pueden incidir directamente en cómo ejercen su función. Jueces y juezas no sólo deben ser independientes, sino también parecerlo”.
¿Justicia o sistema de impunidad?
El informe expone con datos concretos una verdad incómoda: la justicia provincial argentina muchas veces funciona como una prolongación del poder político. En lugar de controlar, vigilar y sancionar los excesos del Ejecutivo o el Legislativo, muchas cortes se convierten en garantes de impunidad.
Y aunque el nombramiento de jueces con pasado político no es, en sí mismo, ilegal, la falta de independencia real de estos magistrados pone en riesgo el sistema republicano.
La advertencia final queda en palabras del jurista francés Alexis de Tocqueville, citado por López Tais: “Se requiere que los jueces sean inamovibles para que sean libres, pero de nada sirve que no se les pueda quitar su independencia, si ellos la sacrifican voluntariamente”.
Este artículo forma parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), una alianza que reúne a medios de todo el país para promover el periodismo de calidad y combatir los desiertos informativos.
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