La decisión implica una paralización de actividades a nivel nacional y contará con la adhesión de los gremios del transporte, por lo que se anticipa que ese día no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis en gran parte del país.
Reunión y anuncio oficial
El encuentro fue encabezado por los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). Tras el intercambio, la conducción resolvió avanzar con la huelga el mismo día en que el proyecto sea debatido en el recinto, lo que, según estimaciones, podría ocurrir el próximo jueves 19 de febrero.
La central obrera brindará este miércoles a las 11 una conferencia de prensa en su histórica sede de la calle Azopardo para ampliar detalles sobre el alcance de la medida.
Si bien no habrá una convocatoria orgánica a movilizarse al Congreso, se aclaró que los distintos sindicatos tendrán “libertad de acción” para definir eventuales protestas complementarias.
Fuerte respaldo del transporte
Tras el anuncio, los principales gremios del transporte confirmaron su adhesión. Entre ellos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y los sindicatos nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que integran camioneros, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.
También se sumará la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que agrupa a diversos gremios del sector. Desde ese espacio aseguraron que el día del debate “no habrá transporte”, en respaldo a la postura adoptada por la CGT.
La confirmación del acompañamiento de la UTA despejó las dudas que habían surgido tras la última huelga general, cuando la conciliación obligatoria en un conflicto salarial había permitido la circulación de colectivos.
Los puntos en conflicto
El rechazo sindical se centra en varios artículos del proyecto, entre ellos las modificaciones en el régimen de indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho de huelga, el sistema de vacaciones y el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.
Uno de los puntos que más controversia generó es el artículo que establece que, en determinados casos de enfermedad no vinculada al trabajo, el empleado perciba el 50% del salario, con posibilidad de llegar al 75% según la situación. Desde la CGT señalaron que esa disposición vulnera derechos adquiridos y advirtieron que podrían recurrir a la Justicia en caso de que la norma sea promulgada.
Por su parte, dirigentes sindicales del sector marítimo expresaron su preocupación por la exclusión del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que —según sostienen— debilitaría la protección laboral.
Cuarto paro durante la gestión Milei
De concretarse, será el cuarto paro general convocado por la CGT durante la gestión del presidente Javier Milei. La central gremial sostiene que existen “condiciones y consensos” para avanzar con una medida de fuerza de alcance nacional ante lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales.
El debate parlamentario definirá no solo el futuro de la reforma, sino también el impacto inmediato en la actividad económica, ya que la paralización del transporte afectará a millones de usuarios en todo el país.
