Según informó la defensa, el objetivo de la presentación es «garantizar que la investigación se desarrolle con objetividad, transparencia y legitimidad, despejando cualquier sospecha sobre la actuación de quien la conduce».
En el escrito, Romero sostiene que desde el inicio de la causa, en febrero de 2024, el fiscal Arias «fue perdiendo progresivamente la objetividad» que exige la ley para el ejercicio de su función.
Uno de los principales argumentos de la recusación apunta a una presunta difusión de información reservada de la investigación. Según la defensa, durante el desarrollo de la causa trascendieron públicamente escritos, resoluciones y otros elementos del expediente que, aseguran, ni siquiera habían sido notificados previamente a las partes.
Para Romero, esta situación evidencia una supuesta intención de instalar públicamente una hipótesis de culpabilidad sobre Bordet antes de que exista una definición procesal.
«Una cosa es investigar y otra muy distinta es utilizar información de una investigación para instalar públicamente una determinada versión de los hechos. La defensa no tiene que enterarse por terceros de lo que sostiene el fiscal en un expediente que debe conocer formalmente», afirmó el abogado.
Asimismo, el planteo sostiene que el fiscal habría formulado opiniones extrajudiciales sobre el resultado de la investigación, presentando como acreditada una hipótesis delictiva cuando el exgobernador aún no fue formalmente imputado ni existe una sentencia judicial.
«No buscamos frenar la investigación»
La defensa aclaró que el pedido de apartamiento de Arias no pretende detener la investigación judicial.
«Bordet está a disposición de la Justicia y nunca se planteó otra cosa. Lo que estamos reclamando es que la investigación sea conducida por un fiscal que preserve la objetividad, respete la reserva de las actuaciones y garantice las reglas del debido proceso», sostuvo Romero.
En ese sentido, el abogado cuestionó que una investigación pueda extenderse durante un largo período mientras, según afirmó, se instalan públicamente conclusiones sobre la responsabilidad del investigado.
También cuestionan el contexto político
Otro de los aspectos incluidos en la recusación hace referencia al vínculo que la defensa atribuye entre el fiscal Arias y el intendente de Concordia, Francisco Azcué.
Romero aclaró que no sostiene que esa relación constituya por sí misma una conducta irregular, pero consideró que debe ser evaluada al momento de analizar la objetividad del funcionario judicial.
«Cuando existe un vínculo personal entre quien conduce una investigación y un dirigente político que puede resultar beneficiado por el debilitamiento de otro dirigente, la Justicia debe extremar los cuidados para despejar cualquier sospecha de utilización política», expresó.
Además, la defensa hizo referencia a la «marcada posición ideológica» que atribuye al fiscal y sostuvo que ese elemento también integra el conjunto de circunstancias expuestas en el planteo.
Señalan procedimientos intimidatorios
La presentación también cuestiona distintos procedimientos realizados sobre personas vinculadas al entorno del exgobernador, al considerar que, analizados en conjunto con el resto de las actuaciones, podrían haber tenido un efecto intimidatorio además de los fines propios de la investigación.
Finalmente, Romero recordó que el propio fiscal Arias promovió en otras causas el apartamiento de funcionarios judiciales por considerar comprometida su objetividad, por lo que entiende que ese mismo criterio debe aplicarse ahora al analizar su desempeño.
«Si el fiscal ya tiene una conclusión sobre la culpabilidad de una persona antes de imputarla, es razonable que la defensa pida que sea apartado», concluyó el abogado.
Con información de Pedro Martinez
Redaccion de 7Paginas
