La denuncia, que ya tomó estado público y generó fuertes repercusión en esta comunidad, está siendo representada legalmente por la doctora Ariadna Muchiutti, especialista en Derecho Laboral, quien en declaraciones al programa radial Entre Líneas de Radio Uno Federación, explicó la gravedad del accionar empresarial: “La baja en la actividad turística no puede considerarse causa de fuerza mayor para suspender trabajadores”, sostuvo, aludiendo al artículo 219 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual fue invocado por el hotel para justificar la medida.
«Una maniobra para evitar una indemnización»
Según explicó Muchiutti, la empresa habría actuado de mala fe al hacerle firmar a la trabajadora un documento que, sin su consentimiento informado, resultó ser un retiro voluntario. “No se siguió ningún procedimiento legal ante el Ministerio de Trabajo, ni se probó una crisis empresarial. Simplemente se utilizó una herramienta legal de forma abusiva”, afirmó.
Zamorano, quien había sido suspendida junto a otras compañeras por una supuesta baja de reservas, fue luego despedida por no acatar una directiva arbitraria. La abogada sostiene que se trata de un despido discriminatorio, dado que la empresa no inició el proceso formal para justificar ni la suspensión ni la desvinculación.
Consecuencias económicas y legales
El conflicto afecta también a otras trabajadoras del hotel, aunque por el momento sólo Zamorano se ha animado a accionar legalmente. El temor y la incertidumbre prevalecen entre sus compañeras.
Muchiutti remarcó los perjuicios económicos que implican estas maniobras: “No sólo dejan de percibir salario, sino que también pierden presentismo y otros beneficios. Esto afecta no sólo el mes actual, sino también el siguiente”, detalló.
Actualmente, la abogada inició un intercambio telegráfico negando la suspensión y el despido, y aguarda la convocatoria a una audiencia ante el Ministerio de Trabajo, solicitada por el sindicato de hoteleros y gastronómicos (Uthgra). El objetivo, según afirmó, es que se logre la reincorporación de Gabriela o, en su defecto, la indemnización que le corresponde por casi dos décadas de trabajo.
Un llamado a empleadores y trabajadores
Muchiutti también advirtió que situaciones similares podrían estar ocurriendo en otros establecimientos de Federación aprovechando la temporada baja: “Los empleadores deben saber que no pueden usar herramientas legales como la suspensión por fuerza mayor sin cumplir los requisitos que establece la ley. Y los trabajadores, que no deben aceptar decisiones injustas sin asesoramiento legal”.
El caso de Gabriela Zamorano pone en evidencia la necesidad de garantizar derechos laborales y frenar posibles prácticas abusivas en un contexto económico difícil. “Estamos trabajando para que no quede en la nada, ni para ella ni para quienes puedan estar atravesando situaciones similares”, cerró la abogada.
Redacción de 7Paginas
