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La ex funcionaria que desvió más de $100 millones de los comedores de Concordia, es docente y cobra sueldo

Silvina Soledad Murúa fue apartada de la Coordinación de Comedores tras las irregularidades detectadas en 37 establecimientos escolares. La investigación administrativa concluyó que hubo graves anomalías y recomendó al Consejo General de Educación evaluar la apertura de un sumario por su desempeño como docente. Mientras tanto, la causa penal continúa en la Justicia.
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Redacción 7Paginas

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La investigación administrativa por las presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a comedores escolares de Concordia llegó a una nueva instancia, pero dejó una situación que genera interrogantes: Silvina Soledad Murúa, la exfuncionaria señalada por el presunto desvío de más de $103 millones, continúa vinculada laboralmente al Estado entrerriano y percibe un salario como docente.

Murúa se desempeñaba como coordinadora departamental de Comedores y fue apartada de esa función luego de que se conocieran las anomalías detectadas en 37 comedores escolares durante marzo y abril de 2025. El perjuicio económico calculado en aquella instancia ascendió a $103.738.136, según las actuaciones oficiales.

Ahora, mediante el decreto N.º 3.469, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, el Gobierno provincial dio por concluida y convalidada la información sumaria que se había iniciado para esclarecer los hechos.

Una investigación que acreditó graves irregularidades

La Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado concluyó la etapa instructora el pasado 10 de agosto y determinó que existían elementos suficientes para atribuir responsabilidad disciplinaria a quien se desempeñó al frente de la Coordinación de Comedores del departamento Concordia.

Según las conclusiones incorporadas al decreto, se acreditó un cuadro de «graves e inconsistentes irregularidades administrativas», con entidad suficiente para formular un reproche disciplinario contra Murúa por su actuación en el cargo.

El informe también señaló que la excoordinadora se habría aprovechado de un sistema de control administrativo precario y vulnerable. Además, sostuvo que tuvo conocimiento de sobreprecios e irregularidades informadas por supervisores y personal encargado de las rendiciones, sin adoptar medidas eficaces para corregirlas ni comunicar la situación a sus superiores.

Otro de los puntos más delicados de la investigación refiere al presunto direccionamiento de compras hacia proveedores determinados: Ahora Voy, Autoservicio Joaquín y Sandra Flores.

De acuerdo con las conclusiones administrativas, Murúa también habría impartido instrucciones sobre la confección de las rendiciones y concentrado funciones sensibles en familiares y personas de su confianza.

En cuanto a estos colaboradores, las actuaciones indicaron que no eran agentes de la Administración Pública provincial ni municipal, por lo que no podían ser alcanzados por las medidas disciplinarias correspondientes al personal estatal. La responsabilidad de los proveedores, en tanto, quedó supeditada a los resultados de la causa penal.

Fue apartada del cargo, pero conserva su vínculo con el Estado

El punto que abre un nuevo interrogante es la situación laboral de Murúa. Aunque dejó de desempeñarse como coordinadora de Comedores, continúa integrando la planta docente del Consejo General de Educación (CGE).

Según la información difundida sobre el caso, tiene asignadas 14 horas cátedra en la Escuela Secundaria N.º 5 de La Criolla y otras ocho horas en la Escuela Secundaria N.º 10 República de Entre Ríos, de Concordia. Actualmente, estaría de licencia por razones de salud mental.

La Fiscalía de Estado consideró que no corresponde aplicarle una sanción por las irregularidades detectadas en Comedores bajo el régimen de la Ley N.º 9755, dado que ya fue apartada de esa función. Sin embargo, advirtió que mantiene una relación laboral y jurídica con el Estado provincial bajo el Estatuto del Docente Entrerriano.

Por ese motivo, el decreto dispuso remitir las actuaciones al Consejo General de Educación para que evalúe si corresponde iniciar un sumario administrativo por su desempeño docente.

En otras palabras, la investigación administrativa sobre su paso por Comedores concluyó, pero todavía debe definirse si corresponde abrir otro procedimiento para determinar eventuales responsabilidades dentro del ámbito educativo. La remisión de las actuaciones no implica, por sí misma, que exista una sanción ni que se haya dispuesto su cesantía como docente.

La causa penal sigue en marcha

Mientras se resuelve su situación administrativa, Murúa continúa imputada en la investigación penal que llevan adelante los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning.

Según la hipótesis de la acusación, desde enero de 2024 la exfuncionaria habría utilizado su posición en el área de Gestión Social para organizar un sistema de direccionamiento de compras destinadas a los comedores escolares.

La investigación también alcanza a sus hermanos, Adrián y Vanessa, y a su cuñado, Esteban Godoy. De acuerdo con la acusación fiscal, mediante presuntas maniobras de intimidación o persuasión habrían orientado a más de 30 responsables de las tarjetas de compra de los comedores para que adquirieran mercadería a determinados proveedores de Concordia.

Se trata de hechos que continúan bajo investigación judicial y cuya responsabilidad penal deberá determinarse en el marco del proceso correspondiente.

Millones bajo sospecha y responsabilidades pendientes

El cierre de la información sumaria permitió al Gobierno provincial establecer conclusiones administrativas sobre las irregularidades detectadas en los comedores escolares. Sin embargo, no puso fin a todas las actuaciones derivadas del caso.

Por un lado, la Justicia debe avanzar en la investigación penal para determinar si existió un esquema delictivo y quiénes fueron sus responsables. Por otro, el Consejo General de Educación deberá evaluar si corresponde abrir un sumario por la situación laboral de Murúa como docente.

Mientras tanto, la excoordinadora permanece vinculada al Estado provincial y percibe un salario docente, pese a las graves irregularidades administrativas que las actuaciones oficiales atribuyeron a su desempeño al frente de Comedores.

La pregunta que queda abierta es si el sistema de control estatal podrá determinar todas las responsabilidades y establecer las consecuencias correspondientes en cada ámbito, en un caso que involucra fondos destinados a la alimentación de chicos que concurren a las escuelas de Concordia.

Con informacion de Entre Rios Ahora

Redaccion de 7Paginas