El archivo periodístico suele ser el peor enemigo de las falsas promesas. El 3 de mayo de 2021, los principales medios de comunicación de Concordia replicaron un parte de prensa oficial con una fotografía que hoy, en julio de 2026, cobra un significado doloroso e indignante. En aquella imagen, autoridades municipales y provinciales sonreían junto a los directivos de la Mutual de Asistencia Integral del Personal Policial de Entre Ríos (MAIPER), anunciando la entrega de actas de adjudicación de terrenos del programa «Mi Casa» para 50 familias de efectivos de la fuerza de seguridad.
Aquel acto, encabezado por la entonces presidenta del Instituto de Vivienda (InVyTAM), Marina Peñaloza, el jefe de Gabinete Fernando Barboza, el exjefe provincial de la Policía Gustavo Maslein y el jefe Departamental Jorge Cancio, bajo la gestión del intendente Alfredo Francolini, fue presentado como un logro histórico. Sin embargo, los damnificados aseguran que aquello fue un engaño: se les entregó un simple convenio de adjudicación jugando con su ilusión y, tras más de un lustro, ninguna familia ha podido levantar ni un solo ladrillo. Lo que comenzó en 2020 como un proyecto habitacional hoy se ha transformado en una pesadilla penal de múltiples aristas.
La triste realidad: terrenos que pertenecen al IAPV
Según la reconstrucción de los hechos denunciada por los afectados ante 7Páginas, la operatoria original se inició en el año 2020 bajo el mandato del entonces intendente Enrique Cresto, cuando el municipio comercializó lotes destinados a la fuerza policial en la zona oeste de Concordia.
Con el correr de los años, el engaño estructural salió a la luz: las familias descubrieron que los terrenos comercializados no pertenecían legítimamente al patrimonio municipal, sino al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Hasta el día de hoy, el organismo provincial no ha firmado la resolución técnica y legal necesaria para transferir formalmente esas tierras a la órbita de la Municipalidad de Concordia, lo que mantiene completamente paralizada cualquier posibilidad de otorgar títulos de propiedad definitivos a los compradores.
Lotes reducidos y sin servicios básicos
A la falta de titularidad de la tierra se sumaron gravísimos vicios en la entrega de los lotes. Cuando las familias procedieron a realizar las mensuras correspondientes en el predio, comprobaron que las dimensiones reales de las parcelas eran notablemente inferiores a lo establecido en los contratos originales.
Mientras que la documentación oficial estipulaba parcelas de 10 por 25 metros —y de 10 por 20 metros en algunos sectores—, las mediciones de los agrimensores arrojaron superficies reducidas de 9,50 por 23,80 metros e incluso terrenos de apenas 9 por 18 metros. El motivo detrás de este recorte ilegal es insólito: la cantidad de lotes vendidos por los organizadores superaba ampliamente el espacio físico disponible en las manzanas del loteo.
Asimismo, los adjudicatarios denunciaron el abandono total de la infraestructura. El predio carece por completo de conexiones de agua potable, red cloacal y energía eléctrica, a pesar de que el costo de estos servicios básicos ya estaba expresamente incluido dentro del valor original que los policías abonaron por los terrenos. Ahora, se les pretende exigir que vuelvan a costear la infraestructura de sus propios bolsillos.
Una nueva denuncia: ¿Dónde están los 35 millones de las escrituras?
El último y más reciente escándalo que terminó por romper la paciencia de las familias involucra una recaudación millonaria cuyo destino es incierto. Con el objetivo de avanzar en la escrituración, la mutual MAIPER implementó un plan de pago obligatorio para los socios de 12 cuotas mensuales consecutivas de 60 mil pesos por familia. En total, el pozo de recaudación por las 50 familias damnificadas se aproxima a los 35 millones de pesos.
Sin embargo, al iniciar las gestiones particulares, el escribano encargado de realizar las correspondientes escrituras notificó formalmente a los adjudicatarios sobre una alarmante realidad: el profesional solo recibió una mínima parte del dinero comprometido por la mutual. Debido a este millonario faltante, los trámites se encuentran totalmente frenados, encendiendo las alarmas ante lo que consideran una nueva y descarada estafa sobre sus salarios.
La lentitud de una «Justicia burócrata»
A pesar de la contundencia de las pruebas documentales y el paso de seis años de incertidumbre, la causa penal avanza a paso de tortuga en los tribunales locales. Según supo 7Páginas, la lentitud judicial se debe a una traba formal de carácter burocrático: por el momento, solo tres damnificados han formalizado la denuncia penal ante las autoridades.
De acuerdo con fuentes judiciales, la fiscalía argumenta que requiere de al menos cinco denunciantes activos para otorgarle una escala de estafa asociativa o de mayor gravedad a la causa. No obstante, en el ámbito policial y vecinal existe una profunda indignación: con las pruebas documentales a la vista, los contratos incumplidos y un perjuicio evidente que afecta a medio centenar de familias de servidores públicos, la Fiscalía de Concordia ya cuenta con los elementos suficientes para actuar de oficio y esclarecer el destino de los millonarios fondos.
Mientras tanto, 50 familias de policías de nuestra ciudad continúan atrapadas en una red de engaños políticos, irregularidades inmobiliarias y desvíos de fondos, esperando que alguien les devuelva el dinero o les otorgue el derecho legal de propiedad por el que pagaron trabajando dignamente.
La crónica de la entrega de actas de 2021 detallaba la participación de José Beltzer, presidente de MAIPER, y altos mandos de la fuerza provincial. Cinco años después, ninguno de los firmantes ha dado respuestas a los efectivos afectados. Cabe mencionar que recientemente hubo elecciones en la mutual MAIPER y ahora se espera que las nuevas autoridades asuman con otra impronta para dar solución a estas 50 familias.
