Según se pudo confirmar, González, quien fuera detenido el pasado 12 de abril y luego indagado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, cobra aproximadamente siete millones de pesos mensuales. Este ingreso, tal como él mismo reconoció en su declaración ante la magistrada, corresponde a una “indemnización por despido” tras dejar su puesto como asesor de la presidencia de Enersa, cargo que ocupó incluso después de haber renunciado en 2021 a la conducción de la empresa.
El acuerdo fue sellado en mayo del año pasado, poco después de que estallara el escándalo por supuestas coimas entre Enersa y la empresa de seguridad Securitas, que derivó en allanamientos y detenciones, incluyendo la de los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul. A partir de junio de 2024, Enersa se comprometió a pagarle a González el 80% de su salario durante dos años y una gratificación extraordinaria equivalente a diez sueldos completos una vez finalizado el convenio, previsto para mayo de 2026.
De esta forma, el expresidente de Enersa podría llegar a embolsar unos 260 millones de pesos, sin ejercer ninguna función en la empresa y mientras permanece imputado en una de las causas de corrupción más resonantes de los últimos años en Entre Ríos.
Una salida negociada
La millonaria indemnización no fue producto de un despido, sino de un acuerdo por “mutuo acuerdo” al que accedieron las nuevas autoridades de Enersa, ya bajo la gestión del gobernador Rogelio Frigerio. Según trascendió, desde la compañía querían evitar un proceso judicial largo y costoso, y optaron por una desvinculación consensuada. “Se lo querían sacar de encima”, reveló una fuente interna.
El convenio fue firmado por los gerentes Jorge Tarchini y Pablo Bertochi, con la intervención del escribano Diego Petric. González se presentó acompañado por sus abogados, Eduardo Prina y Alejandra Saavedra. El acuerdo incluyó no solo el salario mensual actualizado, sino también cobertura completa de obra social para él y su familia, hasta 2026.
En el centro del escándalo
González está seriamente comprometido en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la contratación de Securitas, empresa que prestaba servicios de seguridad a Enersa. La investigación apunta a un esquema de sobornos pagados por la firma a funcionarios públicos para garantizar renovaciones contractuales y mejoras en los montos de prestación.
De hecho, en el teléfono celular de Claudio Tórtul —uno de los empresarios detenidos— se hallaron múltiples mensajes que implicarían directamente a González en el cobro de coimas.
A pesar de estas imputaciones y del proceso penal en marcha, la situación financiera del exfuncionario parece estar más que resuelta, gracias a un polémico acuerdo que aún hoy genera indignación en sectores políticos y sociales de Entre Ríos.
Mientras la justicia avanza en el esclarecimiento del caso, muchos se preguntan cómo fue posible que un funcionario sospechado de corrupción asegurara semejante beneficio económico, financiado, en última instancia, por los recursos del Estado provincial.
Con información de Analisis digital
Redaccion de 7Paginas
