El máximo tribunal paraguayo desestimó el reclamo presentado por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, defensores de Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel, al considerar que no reunía los requisitos mínimos exigidos por la ley. Los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera coincidieron en que el planteo constituía una “apelación de la apelación”, una vía procesal inexistente, según consignó el medio local El Observador de Paraguay.
En ese sentido, la Sala Penal concluyó que el recurso carecía de impugnabilidad objetiva, lo que tornó innecesario analizar otros aspectos formales. Además, los magistrados advirtieron que aceptar el pedido de la defensa habría implicado habilitar un uso abusivo de recursos judiciales, en contra de los principios de economía procesal y buena fe, con el riesgo de paralizar indefinidamente los procesos penales.
La causa por contrabando
Kueider y Guinsel están acusados de intentar ingresar a Paraguay USD 200 mil sin declarar, hecho ocurrido en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando su camioneta fue detenida al intentar cruzar desde Brasil. Desde entonces, ambos permanecen bajo detención domiciliaria.
La defensa había solicitado la nulidad de la acusación del Ministerio Público Fiscal paraguayo y el sobreseimiento definitivo de los imputados. Además, reclamaron que se excluya como prueba el video del operativo, donde se registró la detención del vehículo y el secuestro del dinero. Todos estos planteos fueron rechazados en primera instancia por el juez Humberto Otazú, decisión que luego fue confirmada por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en delitos económicos y crimen organizado.
La pena en expectativa
El delito de contrabando en grado de tentativa prevé una pena máxima de hasta dos años y medio de prisión. En Paraguay, las condenas superiores a los dos años son de cumplimiento efectivo, por lo que, de ser hallado culpable, Kueider podría terminar cumpliendo pena tras las rejas.
Otras causas en Paraguay y Argentina
En paralelo a esta causa, el exsenador presentó ante la Corte paraguaya un planteo vinculado al mecanismo de extradición a la Argentina, pedido formulado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien lo investiga por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos.
La causa federal se originó como derivación del expediente conocido como “Securitas”, donde se investiga el presunto pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada a organismos públicos para asegurarse contratos de vigilancia. Entre los entes bajo la lupa figura la empresa estatal entrerriana Enersa. Arroyo Salgado vinculó a Kueider a partir de mensajes hallados en el celular de un detenido en esa causa.
A esto se sumó una denuncia basada en un informe del medio El Disenso, donde se describía un patrimonio que, prima facie, no se correspondería con los ingresos del exsenador. Entre los bienes mencionados figuran departamentos de lujo en una torre exclusiva de Paraná, registrados a nombre de la empresa Betail SA, vinculada a Kueider y a personas que la Justicia considera presuntos testaferros.
En simultáneo, Kueider también es investigado en Concordia, Entre Ríos, por enriquecimiento ilícito, en una causa que tramita en el Juzgado de Garantías a cargo de Edwin Bastián, con el fiscal José Arias. La coexistencia de ambas investigaciones generó un conflicto de competencia que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual giró el expediente a la Procuración General para que dictamine qué juzgado continuará con la investigación.
