Los más recientes movimientos de la Justicia en torno a la causa por el presunto enriquecimiento ilícito que investiga al ex senador entrerriano, Edgardo Kueider, su familia y su presunta secretaria/amante, Iara Guinsel Costa, se dieron por la pelea judicial sobre quien debe investigarlo, el crece se dio entre la jueza Sandra Arroyo Salgado y su colega entrerriano, Edwin Ives Bastián, de la ciudad de Concordia.
La jueza que encabeza ll Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Isidro, le pidió al juez entrerriano, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordiase, se inhiba en la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex senador Edgardo Kueider y le remita las actuaciones.
Hasta hoy el magistrado aún no contestó pero ya tiene en su poder el dictamen del fiscal José Arias sobre el pedido de la magistrada de San Isidro.
El magistrado entrerriano había corrido vista a Fiscalía después de recibir en diciembre el pedido de Arroyo Salgado. La opinión, no vinculante, de Arias fue que no debía apartarse de la investigación y continuar las actuaciones en Concordia.
“No existen razones materiales ni jurídicas que justifiquen la competencia federal en la materia”, fue el argumento con el que concluyó el fiscal su escrito de cinco fojas, entregado el lunes a las 7 de la mañana en el despacho del magistrado concordiense.
Ya había señalado con anterioridad que en el planteo de Arroyo Salgado “se advierte una interpretación que pretende extender la competencia federal a hechos que no tienen una vinculación necesaria con los otros hechos investigados por el fuero de excepción (el Federal) y que justifique esa conexidad”.
Ahora el planteo “se encuentra para proveer y oportunamente se pondrá a despacho del juez Edwin Ives Bastián para resolver la inhibitoria interesada”. Esto significa que el magistrado aún debe evaluar el resultado del dictamen de Arias y sus argumentos para decidir si actúa, o no, en la misma línea.
El 18 de diciembre de 2024, apenas 14 días después que Kueider terminara arrestado en la frontera entre Paraguay y Brasil, por intentar ingresar con más de 200 mil dólares sin declarar, Arroyo Salgado le envió un oficio a Bastián.
En la misiva le requería que el Juzgado de Garantías 2 de Concordia se inhibiera de seguir investigando al ex senador. Y que le remita las actuaciones que se habían hecho en la ciudad entrerriana hasta el momento. Como fundamento, la magistrada indicó que los delitos por los que se investiga a Kueider son de competencia federal.
Sin embargo, Arias no coincidió con el planteo, y le sugirió a Bastián que retenga el expediente y continúe con la investigación. Ahora se abren varios interrogantes. Si Bastián no atiende los fundamentos fiscales, los cuerpos del legajo viajarán a San Isidro. Pero si el juez entrerriano resuelve en sintonía con Fiscalía, Arroyo Salgado podrá aceptar o no esta decisión.
En caso de que la salida sea esta última, la cuestión de competencia deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto se debe a que el máximo tribunal es el único órgano jurisdiccional superior que tienen en común ambos juzgados.
Cabe destacar que ambas investigaciones comenzaron y fueron en paralelo. En Concordia, la causa se inició el 16 de junio por la denuncia de un vecino, Eliseo Blanco, quien llevó a la Justicia una publicación del sitio El Disenso.
Allí se revelaba que el ex senador tenía tres departamentos y dos cocheras en un lujoso hotel de la capital entrerriana. Figuraban a nombre de la sociedad anónima Betail. Los datos estaban en la última declaración jurada que había hecho Kueider.
El 2 de julio, en San Isidro, el periodista Christian Sanz denunció los mismos hechos y con la misma base ante el Juzgado de Arroyo Salgado. La jueza vinculó en octubre este expediente con uno anterior.
Se trata de la causa Securitas, donde la propia empresa denunció que directivos de la firma habían pagado coimas para quedarse con contratos en empresas estatales.
Una de ellas es Enersa, la distribuidora eléctrica de Entre Ríos. Las operaciones habrían sido entre 2017 y 2019, cuando Kueider ocupaba la secretaría general de la Gobernación, aunque no tenía participación ni incidencia directa en las actividades de la firma.
Estos son los “otros presuntos ilícitos” que no tienen conexidad con los que se investigan en Concordia a los que se refirió Arias en su dictamen. En la causa Securitas “no se describe ninguna participación de Kueider en el entramado”, señaló el fiscal entrerriano.
La Cámara Federal de San Martín, no obstante, confirmó en su momento la decisión de Arroyo Salgado.
La búsqueda de la Justicia entrerriana abarca un período que se extiende desde que el ex legislador tuvo su primer cargo público como concejal en 1999. Por su parte la Justicia federal está más acotada en el tiempo.
Por eso Arias entendió: “Entiendo que V.S. (le dice a Bastián) debe rechazar el planteo de inhibitoria de competencia y, en consecuencia, confirmar la competencia local en relación al delito de enriquecimiento ilícito que habría conllevado el desempeño de cargos públicos municipales y provinciales de parte de Edgardo Kueider” durante 1999 y 2019 más dos años, es decir hasta el 2021.
La información periodística y las posteriores medidas de prueba echaron luz sobre un entramado complejo de prestanombres y sociedades fantasmas que involucraban a Kueider e involucraban a sus colaboradores y a sus hijos.
La Justicia paraguaya por su parte debe definir si extradita o no a Kueider, quien está con arresto domiciliario en Asunción desde hace casi tres meses. Este es otro de los requerimientos de Arroyo Salgado.
En esta misma semana, en san Isidro la investigación sobre el caso Securitas, que rozan al ex senador y al ex gobernador entrerrianos ambos, avanza a paso firme.
Se investiga ahora decenas de personas por haber formado parte de un entramado de corrupción y cohecho durante años que involucra a la empresa Securitas, genera el llamado a indagatoria de 36 sospechosos entre los que se encuentran funcionarios actuales, exfuncionarios y exempleados de Securitas.
Cabe recordar que en Entre Ríos, la denuncia de la misma empresa con sede en el territorio bonaerense, incluyó a los hermanos Tortul y su empresa con sede en Paraná, Entre Ríos, quienes estan investigados por el presunto pago de sobornos al gobierno entrerriano (preseuntamente Kueider), de por medio, para que la empresa pudiera obtener el ingreso como empresa de seguridad a Enersa (Empresa distribuidora de energía en Entre Ríos).
Si bien Kueider no estaba inicialmente implicado directamente en este expediente. Las alertas se encendieron luego de la denuncia en su contra realizada el 2 de julio último por el periodista Christian Sanz por presunto enriquecimiento ilícito ante el mismo Juzgado de Arroyo Salgado, en base a notas en el sitio El Disenso y la revista Análisis sobre la compra de varios departamentos en Paraná.
Los investigadores comenzaron a conectar las coimas pagadas por Securitas a la empresa de energía provincial ENERSA con el crecimiento patrimonial de Kueider. El ahora ex legisldor nacional ingresó a la política en 1999 como concejal de Concordia, y desarrolló su carrera en el gabinete de ese municipio y luego fue secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, entre 2015 y 2019, durante el mandato del peronista Gustavo Bordet.
Kueider fue su jefe de campaña y persona de su confianza, hasta el distanciamiento político por la ruptura de ex senador, en 2022, con el bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta. En parte de ese período, puntualmente entre 2016 y 2018, la Regional Litoral de esa empresa de seguridad privada estaba a cargo de los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tórtul, luego de que esta empresa adquiriera su firma El Guardián SA en 2008. Según la propia investigación interna de Securitas y los mensajes analizados por la magistrada y los fiscales a partir del material incautado en distintos allanamientos, los hermanos habrían efectuado pagos en efectivo a funcionarios de ENERSA, para garantizarse la renovación del contrato con esa empresa estatal. El dinero para el pago de los sobornos habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, que era en realidad otra empresa de los Tórtul, que le facturaba a Securitas sin brindar ningún servicio en concreto.
Es en esa operatoria de pagos y cobros ilegales entre Securitas y ENERSA, es donde los investigadores creen que habría tenido algún tipo de participación Kueider, por su rol de secretario general de la Gobernación de Entre Ríos.
la jueza Salgado esta semana llamó a indagatoria a 36 sospechosos en la causa Securitas, según señala la acusación, los pagos se realizaban, como coimas, a funcionarios de decenas de dependencias nacionales y provinciales para asegurarse de este modo, que la empresa se quede con los contratos de seguridad privada de organismos y edificios públicos en todo el país. Hace días, se confirmaron las fechas de indagatoria para 36 personas, entre las cuales se encuentran funcionarios actuales, exfuncionarios y exempleados de Securitas.
Mientras tanto en el Senado Nacional, «los melones» se ordenaron en el camino, hoy la entrerriana y camporista Stefanía Cora ya reemplaza al echado Kueider, a pesar de los intentos de este último para aferrarse a su único salvavidas (los fueros) en medio de las denuncias penales que lo acosan.
