La Justicia entrerriana rechazó una acción de amparo presentada por un jubilado del ex Banco de Entre Ríos que pretendía frenar la aplicación de la reforma previsional establecida por la Ley 11.302 y mantener el anterior mecanismo de actualización de sus haberes.
La sentencia fue dictada el 12 de noviembre por el juez Juan Francisco Malvasio, quien declaró inadmisible la presentación contra el Estado provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Además, dispuso que las costas del proceso quedaran a cargo del demandante.
El reclamo del jubilado
El planteo buscaba que se declarara la inconstitucionalidad de la reforma previsional, particularmente en lo referido al mecanismo de movilidad jubilatoria.
El reclamante pretendía conservar el sistema anterior, que vinculaba la actualización de sus haberes con los aumentos salariales del sector bancario. En cambio, la nueva normativa toma como referencia al escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial.
Durante el proceso, la Caja de Jubilaciones informó que el beneficiario había recibido todos los incrementos salariales bancarios correspondientes hasta la entrada en vigencia de la reforma, el pasado 22 de agosto.
Pero hubo otro dato que resultó relevante para la discusión: en septiembre, primer mes de aplicación del nuevo mecanismo, el aumento otorgado a los jubilados alcanzó el 3,5%, mientras que el incremento salarial del sector bancario fue del 1,9%.
De esta manera, el beneficiario recibió una actualización 1,6 puntos porcentuales superior a la que le habría correspondido si continuaba vigente el régimen anterior.
Los argumentos de la Provincia y el fallo judicial
Tanto la Caja de Jubilaciones como la Fiscalía de Estado defendieron la legalidad de la reforma y sostuvieron que un cuestionamiento de inconstitucionalidad debía tramitarse mediante los procedimientos judiciales específicos.
La representación del Estado también expuso la situación financiera del sistema previsional entrerriano, su déficit estructural y la necesidad de preservar su sustentabilidad, teniendo en cuenta el carácter solidario del régimen y los derechos del conjunto de los beneficiarios.
Al resolver, el magistrado coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal y consideró que la controversia requiere un debate más amplio y una producción de pruebas que exceden las posibilidades de una acción de amparo.
Por ese motivo, concluyó que existen otras vías judiciales más adecuadas para analizar el planteo y rechazó la presentación.
Un punto importante: la reforma no fue declarada constitucional
La resolución tiene una particularidad que merece ser destacada: el juez no se pronunció sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno provincial.
Lo que determinó fue que el cuestionamiento presentado por el jubilado no podía resolverse mediante la vía rápida del amparo y que debía canalizarse a través de los procedimientos judiciales correspondientes.
Con informacion de prensa provincial
Redaccion de 7Paginas
