Estas tareas se enmarcan en la labor de control que el organismo realiza dentro de la Red Federal de Control Público, con el propósito de asegurar que los programas nacionales de inclusión social e inversión pública lleguen efectivamente a quienes los necesitan. El Tribunal evalúa su ejecución y desempeño, buscando contribuir a la mejora de políticas clave de contención, integración e igualdad social.
Refuerzo de controles por denuncias
De acuerdo a lo indicado a 7Paginas, se supo que el incremento de las acciones de auditoría responde a denuncias formuladas por la Dirección de Comedores Escolares del Ministerio de Desarrollo Humano, que detectó irregularidades internas por un monto cercano a los 103 millones de pesos. Frente a esta situación, el Tribunal de Cuentas intensificó la fiscalización sobre los fondos públicos destinados a los comedores escolares en toda la provincia.
En ese marco, equipos de auditores realizaron inspecciones en establecimientos educativos de los departamentos Paraná, Diamante y Concordia, aplicando un muestreo que permitió verificar el uso y destino de los recursos asignados al Programa RAN.
Inversión y actuaciones administrativas
Durante 2025, la inversión total destinada a este programa en Entre Ríos alcanzó los $2.422.678.148,80. Ante las irregularidades denunciadas, el Tribunal ya inició las actuaciones administrativas correspondientes, con el objetivo de determinar responsabilidades de funcionarios y empleados de comedores escolares que, por acción u omisión, podrían haber ocasionado perjuicios al Estado provincial.
La importancia del control permanente
El Tribunal de Cuentas destacó la relevancia de mantener controles constantes sobre los programas ejecutados por el Ministerio de Desarrollo Humano, debido al impacto social y a la sensibilidad de las políticas que atienden a los sectores más vulnerables. En auditorías previas, el organismo ya había detectado irregularidades en otras iniciativas, como el Programa Jóvenes Emprendedores, caso que derivó en una denuncia penal.
La continuidad de estas auditorías, señalaron desde el organismo, es fundamental para garantizar la transparencia en la administración de los fondos públicos y asegurar que la asistencia alimentaria llegue efectivamente a los niños y adolescentes que dependen de ella.
