En respuesta a la crisis laboral generada por la finalización del contrato de concesión del Corredor Vial 18 —operado por la empresa Caminos del Río Uruguay S.A.— el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, se reunió este martes con representantes de los gremios que nuclean a los trabajadores de los peajes afectados, y el diputado provincial Enrique Cresto.
La situación se desencadenó tras la entrada en vigencia de la Resolución 565/2025 de Vialidad Nacional, que oficializa que a partir del 9 de abril a las 00:00 horas, el Estado Nacional retomará la administración de los tramos concesionados. Esta decisión implica la pérdida de más de 200 puestos de trabajo en los peajes de la Ruta Nacional Nº 14, lo que ha generado profunda preocupación en la provincia.
Durante el encuentro, el ministro Troncoso expresó:
“Estamos preocupados y nos estamos ocupando del tema. Sabemos que es una decisión de Nación y responde a una administración deficiente de la empresa que hasta ayer era concesionaria de la ruta.”
Troncoso se comprometió a gestionar una instancia de diálogo con el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, para buscar alternativas que contemplen la situación de los trabajadores cesanteados. Además, confirmó que este lunes la Secretaría de Trabajo provincial convocó a una mesa de diálogo con todas las partes involucradas, con el objetivo de acercar posiciones y analizar posibles soluciones.
Una situación crítica con impacto social
Desde el gobierno entrerriano se reconoció que la administración de las rutas nacionales es potestad exclusiva del Estado Nacional, pero se advirtió sobre el fuerte impacto social y económico que provoca esta medida, especialmente en las comunidades donde estos peajes generaban empleo directo.
Argumentos de Vialidad Nacional
Por su parte, Vialidad Nacional justificó la rescisión del contrato alegando graves incumplimientos contractuales por parte de Caminos del Río Uruguay S.A., lo que motivó actas por sanciones que superan los 60.000 millones de pesos. Estas multas incluyen penalidades ya resueltas y otras en proceso, y podrían incrementarse tras la auditoría final que se realizará al tomar posesión de los tramos.
En cuanto a los trabajadores, desde Vialidad se aclaró que la relación laboral es exclusiva responsabilidad de la empresa concesionaria, y que el organismo actúa solo como ente contratante dentro de un marco de acuerdos con empresas privadas.
Mientras tanto, desde la provincia de Entre Ríos se continuará trabajando en busca de una respuesta urgente y coordinada que permita amortiguar el impacto de esta decisión nacional sobre las familias afectadas.
Prensa provincial-redacción de 7Paginas
