Los representantes del Ministerio Público Fiscal se opusieron a que el juez de Garantías Mariano Budasoff continúe al frente del proceso y solicitaron que se mantenga como magistrado interviniente a Julián Carlos Vergara, quien originalmente tenía a su cargo el expediente.
La decisión de que Labriola intervenga fue adoptada por la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial de Entre Ríos, que determinó que el Vocal Nº 5 debe entender en el trámite del recurso, dado que ya había participado en distintas instancias de apelación vinculadas a la causa.
La apelación fiscal
Tal como se informó oportunamente, el Ministerio Público Fiscal apeló la resolución de Vergara que aceptó la recusación planteada por las defensas de Urribarri y del empresario Diego Armando Cardona Herreros, y decidió apartarse. Tras ello, el expediente quedó en manos de Budasoff.
Para los fiscales, esa decisión afecta la garantía del “juez natural” y el debido proceso, al considerar que no existió causa legal suficiente para el apartamiento y que no se dio intervención previa al Ministerio Público Fiscal. El planteo fue elevado ante la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, que deberá resolver la controversia.
El estado de la causa
En noviembre pasado se cumplieron dos años desde que la Fiscalía solicitó la remisión a juicio de esta tercera causa penal contra Urribarri, quien ya fue condenado a 8 años de prisión en el denominado megajuicio —fallo que no está firme— y afronta además otro proceso por presuntas coimas, con pedido de 10 años de cárcel.
En esta investigación por enriquecimiento ilícito, los fiscales solicitaron para el exmandatario una pena de 5 años y 6 meses de prisión. Para Cardona Herreros, 5 años de cumplimiento efectivo.
La causa se sustenta en una pericia contable que estimó un incremento patrimonial cercano a los 9 millones de dólares durante los períodos en que Urribarri ejerció como gobernador (2008-2015). La Fiscalía sostiene que existen inconsistencias en la justificación de ese aumento patrimonial.
El caso Martínez
Uno de los imputados, Rubén Ángel Martínez, de 72 años, quedó fuera del juicio oral tras acceder a una suspensión del proceso a prueba (probation) por tres años. El acuerdo incluyó el pago de multas y reparaciones económicas, entre ellas donaciones destinadas al Hospital San Roque, además de cuotas actualizables por índice inflacionario.
Según la acusación, Martínez habría colaborado en maniobras vinculadas al patrimonio del exgobernador, entre ellas la adquisición de un vehículo y la facilitación del ingreso al país de obras de arte.
Fecha de juicio
El juicio oral por enriquecimiento ilícito ya tiene fecha fijada. Se desarrollará ante el juez de Garantías Nº 4, Julián Vergara, en múltiples jornadas previstas entre marzo y abril de 2026, en el Salón de Audiencias Nº 1, a partir de las 9 de la mañana.
Ahora, la definición sobre quién conducirá finalmente el proceso queda en manos de Labriola, cuya resolución será clave para el futuro inmediato de una de las causas más relevantes que involucran al exmandatario entrerriano.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
