Los abogados defensores del exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, solicitaron al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná que sus defendidos no sean enviados a una unidad penal y que, en cambio, puedan cumplir sus condenas bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
El planteo fue realizado ante el Tribunal que integran los vocales María Carolina Castagno y Julián Carlos Vergara, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por los condenados en la causa conocida como el Megajuicio, lo que dejó firmes las condenas dictadas en 2022.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron formalmente este jueves que se disponga la inmediata detención y el traslado a la Unidad Penal N° 1 de Paraná de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Ángel Báez.
En el caso de Báez, actualmente se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, por lo que el pedido de la Fiscalía apunta a que sea trasladado de manera inmediata a la unidad carcelaria.
Ante esta situación, las defensas de Urribarri y Báez presentaron escritos solicitando que se mantenga o se otorgue el beneficio del arresto domiciliario.
El argumento de Urribarri: estrés postraumático
La defensa del exgobernador, encabezada por el abogado Leopoldo Cappa, sostuvo que Urribarri ha cumplido de manera estricta las restricciones que se le impusieron durante el proceso judicial y que permaneció en su domicilio sin poder salir de la ciudad de Concordia.
Según el escrito presentado, el exmandatario no habría registrado incumplimientos ni intentos de eludir la acción de la Justicia.
“Mi asistido se encuentra atravesando todo el proceso judicial y los momentos posteriores al veredicto de la CSJN, en su domicilio sin poder egresar de la ciudad de Concordia, medida que ha cumplido de manera estricta, sin registrar incumplimiento alguno ni intentos de eludir la acción de la justicia”, planteó la defensa.
Urribarri se encuentra acompañado por su esposa, Ana Lía Aguilera, y su defensa fundamentó el pedido de arresto domiciliario principalmente en cuestiones de salud.
Según el diagnóstico elaborado por el médico psiquiatra Julio H. Curotto, el exgobernador estaría atravesando un cuadro de trastorno de estrés postraumático.
La defensa consideró que ese cuadro clínico encuadra dentro de las previsiones legales que permitirían una morigeración de la ejecución de la pena, con el cumplimiento de la condena en su domicilio y bajo la custodia y seguimiento de familiares y profesionales médicos.
La situación de Báez y su pedido por problemas de salud
En tanto, los abogados de Pedro Ángel Báez, Ignacio Díaz y José Velázquez, también solicitaron que el exministro no sea trasladado a una unidad penitenciaria.
Según expusieron, Báez, quien es tratado por el médico José Luis Cittadino, padece un cuadro de diarrea crónica, dolor abdominal y una importante pérdida de peso.
Los defensores indicaron que el exfuncionario arrastra problemas digestivos desde el año 2008, aunque aseguraron que durante el último año los síntomas se agravaron significativamente.
La defensa sostiene que la Unidad Penal de Paraná no reuniría las condiciones necesarias para garantizar el tratamiento adecuado de su enfermedad y cuestionó las condiciones de alojamiento existentes en el establecimiento.
En ese sentido, hicieron referencia al hacinamiento y a las condiciones edilicias de las cárceles, invocando además la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a la legislación argentina mediante la Ley 27.360.
Como alternativa, en caso de que el Tribunal rechace la prisión domiciliaria, los abogados solicitaron para Báez un régimen de semidetención.
Según el planteo, esa modalidad permitiría al exministro permanecer durante el día en su domicilio para continuar con su tratamiento médico, mantener una dieta estricta, recibir la medicación correspondiente y realizar los controles de salud necesarios, mientras que debería pernoctar en el establecimiento penitenciario.
A la espera de la notificación formal
El Tribunal de Juicios y Apelaciones recibió el pedido del Ministerio Público Fiscal y solicitó información a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia para determinar si ya había sido cursada la notificación formal de la decisión adoptada por la Corte Suprema.
La secretaria de la Sala Penal, Melina Arduino, informó al presidente del STJ, Miguel Ángel Giorgio, que no obraba hasta el momento una comunicación formal a través del sistema DEOX, aunque en el sistema de consulta web del Poder Judicial de la Nación constaba que el 3 de septiembre de 2026 se había publicado la sentencia en el expediente correspondiente.
Según trascendió, el diligenciamiento formal de las decisiones de la Corte puede demorar entre 24 y 72 horas, por lo que la ejecución de las detenciones y los traslados podría producirse en forma inminente.
Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 a ocho años de prisión, al término del Megajuicio desarrollado entre septiembre de 2021 y abril de 2022. Por su parte, Báez y Aguilera recibieron condenas de seis años y seis meses de prisión cada uno.
Ahora, el Tribunal deberá resolver los planteos realizados por las defensas mientras avanza el proceso para la ejecución de las condenas que quedaron firmes tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con informacion de Ahora Entre Rios
Redaccion de 7Paginas
