Según supo 7Paginas, la medida fue oficializada mediante la Resolución 1662/2025, publicada en el Boletín Oficial, como parte del plan de reordenamiento del sistema de salud que impulsa el Gobierno Nacional. La normativa establece que los beneficiarios serán notificados de la situación y podrán optar por trasladarse a otra obra social, garantizando la continuidad de la cobertura. De no hacerlo, será la propia Superintendencia la que asigne un nuevo agente de salud.
Mientras tanto, el Consejo Directivo de la obra social deberá constituirse en Comisión Liquidadora para llevar adelante el proceso de liquidación administrativa o, en su defecto, promover la quiebra.
Crisis sindical y denuncias
La decisión llega en un contexto de fuerte conflictividad interna. La comisión directiva del sindicato está imputada por malversación de fondos y otras irregularidades graves, mientras que su secretario general, Alcides Camejo, enfrenta además una investigación judicial por la muerte de un joven que trabajaba como sereno en una de sus propiedades.
En paralelo, el trabajador Leandro Ragone, denunciante en varias causas contra Camejo, presentó recientemente una nota en el Ministerio de Trabajo exigiendo la rendición de cuentas y la intervención del gremio. Allí advirtió sobre “numerosas desprolijidades administrativas” y denunció el vaciamiento de la entidad.
Ragone también intimó a la conducción del sindicato mediante cartas documento enviadas el 23 de abril y el 11 de junio de 2025, que nunca obtuvieron respuestas formales. En cambio, denunció que a su domicilio llegaron personas que, en nombre del secretario general, intentaron amedrentarlo con amenazas para que desistiera de sus reclamos.
Además, un grupo de trabajadores firmó una presentación formal señalando que el sindicato omitió en reiteradas oportunidades el llamado a Asamblea General Ordinaria para aprobar balances e inventarios de los períodos 2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024, incumpliendo tanto con los estatutos internos como con lo dispuesto en la Ley 23.551.
Un golpe duro a los afiliados
La baja de la obra social representa un duro golpe para los trabajadores, que ven afectado uno de los pilares fundamentales de la representación gremial: la cobertura médica para sus familias.
A nivel nacional, la situación se da en un marco de crisis más amplio: ya son seis las obras sociales que iniciaron el procedimiento de baja, mientras que otras ocho permanecen intervenidas y cinco fueron declaradas en situación crítica en lo que va del año.
La medida marca un antes y un después en el sindicato de la fruta de Concordia, donde la incertidumbre sobre el futuro institucional se suma a la preocupación inmediata por la salud de los trabajadores y sus familias.
