El documento surge en respuesta a una serie de situaciones recientes donde, según lo expresa el procurador, se han detectado irregularidades funcionales al no detener a personas en condiciones en las que la ley lo habilita y exige.
Un mensaje claro: más firmeza en la actuación fiscal
García argumentó que “es deber del Estado investigar los delitos del modo más eficaz posible” y remarcó que la legitimidad del accionar estatal debe ir de la mano con el respeto al acusado, pero sin que ello implique permitir “la ineficacia del orden jurídico” ni la impunidad en delitos graves, como el abuso o el sometimiento, sobre todo en casos de violencia de género.
La resolución también advierte sobre una mala interpretación del principio de inocencia por parte de algunas defensas, que, según García, impiden aplicar medidas cautelares necesarias y justificadas.
“En los casos de flagrancia, se debe proceder a la detención, sin perjuicio de que luego el juez de Garantías pueda disponer su liberación o medidas más leves”, instruye el documento.
Detención obligatoria para reiterantes
El procurador también fue enfático en ordenar que se proceda con la detención de personas que posean antecedentes penales o causas penales en trámite, independientemente de que el hecho puntual sea menor. Según detalla la resolución, ningún fiscal puede omitir esos antecedentes al momento de decidir sobre medidas de coerción.
Asimismo, la Policía deberá verificar de inmediato en el sistema Sirirí si la persona demorada tiene antecedentes o pedidos de captura antes de que el fiscal tome cualquier decisión. Esta verificación, destaca García, puede hacerse fácilmente ingresando el nombre o DNI en el sistema, incluso desde un teléfono celular.
Personas con problemas psiquiátricos también serán detenidas
La resolución también alcanza a personas con posibles trastornos mentales, cuando haya violencia en acto o comisión de un delito. “No tiene por qué el colectivo social tolerar pasivamente la reiteración”, subraya el texto. En estos casos, además de la detención, se deberá evaluar la necesidad de una pericia psicológica o psiquiátrica e incluso una eventual internación.
La nueva normativa del Ministerio Público Fiscal marca un endurecimiento en la política de actuación penal, con el objetivo de brindar una respuesta más efectiva ante los delitos y frenar la reincidencia, en especial en los casos donde se pone en riesgo la seguridad o integridad de otras personas.
Con datos de Entre Rios Ahora
Redaccion de 7Paginas
