Según lo dispuesto en la norma, el adelanto tiene como finalidad garantizar que la provincia pueda cumplir con compromisos considerados urgentes, vinculados principalmente a la ejecución de su presupuesto de gastos y a la amortización de deudas, obligaciones que actualmente no pueden ser atendidas debido a una situación financiera transitoria.
En los considerandos del decreto se detalla de manera explícita que “el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”, razón por la cual se justifica la asistencia del Estado nacional. El anticipo, que en los hechos constituye un préstamo, apunta a “subsanar dificultades financieras transitorias” de la administración entrerriana.
La decisión quedó formalizada en el artículo primero del decreto, donde se establece: “Dispónese otorgar, en el Ejercicio Fiscal 2026 y a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, un anticipo financiero a la Provincia de Entre Ríos por hasta la suma total de pesos doscientos veinte mil millones ($220.000.000.000)”.
En cuanto a la devolución de los fondos, el artículo segundo faculta a la Secretaría de Hacienda a definir las condiciones de cancelación del anticipo, que incluirán el pago de intereses calculados sobre la base de la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR). El reintegro se realizará mediante la afectación de la participación de Entre Ríos en el régimen de coparticipación federal establecido por la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, así como de otros recursos coparticipables sin destino específico.
Asimismo, la normativa autoriza a la Secretaría de Hacienda a retener de manera automática los fondos coparticipables que correspondan a la provincia, hasta cubrir el monto total anticipado más los intereses generados, con el fin de asegurar la cancelación del préstamo otorgado.
