Esta reciente condena se suma a otra emitida el año pasado, cuando la justicia falló en favor de Romina Corradini, una exadministrativa del Corralón Municipal que fue desplazada de sus tareas habituales y enviada a realizar trabajos de limpieza en espacios públicos, en lo que fue considerado como una medida arbitraria y discriminatoria. En aquella oportunidad, la sentencia también ordenó la reincorporación de Corradini a su puesto y el pago de los salarios adeudados, sin que el municipio acatara lo dispuesto.
Nueva denuncia y sentencia firme
En esta oportunidad, la nueva denunciante es Cecilia Vargas, quien se desempeñaba como administrativa en el área contable municipal, encargándose de liquidación de quincenas, contratos y control de facturas ingresadas. Al igual que Corradini, Vargas fue removida de sus funciones administrativas y trasladada intempestivamente a tareas de limpieza en espacios públicos. Según declaraciones, recibió comentarios despectivos como «ahora cómprate unas botas de goma para trabajar», lo que configuró un acto de violencia simbólica y psicológica.
El expediente judicial bajo el nombre «VARGAS, Élida Cecilia c/ DÍAZ, Miriam (Municipalidad de San Jaime de la Frontera s/ Violencia y/o Discriminación en el Ámbito Laboral» (Expte. de Sala Nº 9365) fue tramitado en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Chajarí Nº 1. La sentencia dictada el 12 de septiembre de 2024, que quedó firme el 13 de septiembre del mismo año, ordena la reincorporación de Vargas a su puesto laboral y el pago de los haberes adeudados.
Intento fallido de apelación
La defensa de la intendenta Díaz intentó apelar la sentencia el 25 de septiembre de 2024, argumentando su desempeño en un cargo público para solicitar la exención del depósito previo establecido en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones denegó la concesión del recurso al no haberse acreditado el depósito requerido, lo que dejó firme la condena.
Un tercer caso en proceso
Según pudo saber 7Paginas, habría un tercer caso en proceso judicial. Se trata de Yesica Barrientos, otra exempleada municipal que presentó una denuncia por violencia laboral y despido arbitrario. Aún no se ha dictado sentencia en este caso, pero de prosperar, podría representar una nueva complicación para la gestión de la intendenta Díaz.
Violencia económica, psicológica e institucional
El fallo judicial reconoce la existencia de «violencia económica» por la reducción de ingresos de las trabajadoras, «violencia simbólica y psicológica» al exponerlas a tareas físicas de alta exigencia como forma de aleccionamiento público y «violencia institucional» al no considerar la condición de salud de las afectadas.
Esta situación ha generado un fuerte repudio en la comunidad local y el ámbito político regional, mientras las organizaciones gremiales exigen el cumplimiento de las sentencias y el respeto a los derechos laborales de los empleados municipales.
Redaccion de 7Paginas
