“Estamos ante una operación berreta. Se toma un informe que analiza el ejercicio 2024 —período que no fue administrado por la actual gestión— para intentar desacreditar la intervención y, al mismo tiempo, construir una victimización artificial”, sostuvo el legislador.
Otaegui recordó que la intervención comenzó el 11 de diciembre de 2024, es decir, a apenas siete días hábiles del cierre del ejercicio anual. En ese sentido, consideró “forzada” cualquier intento de adjudicar a la actual conducción la totalidad del resultado financiero del año pasado.
“No se puede atribuir a quienes asumieron en la última semana del año un déficit y un pasivo que se acumularon durante todo el ejercicio”, enfatizó.
Déficit y pasivo acumulado
El senador señaló que el propio informe del síndico menciona un crecimiento exponencial del pasivo y un déficit operativo estructural durante 2024.
“Lo que hoy algunos presentan como denuncia es, en realidad, la evidencia de por qué el gobernador decidió intervenir. Si el pasivo se multiplicó y el déficit era insostenible, la intervención no fue arbitraria: fue necesaria para evitar un deterioro mayor”, afirmó.
En relación a las acusaciones dirigidas contra Ricardo García, Otaegui fue categórico: “Responder con fundamentos técnicos un informe con inconsistencias no es una amenaza. Es ejercer responsabilidad institucional frente a datos que se están utilizando fuera de contexto para generar confusión”.
Finalmente, el legislador recordó que los estados contables se encuentran dentro de los plazos legales de presentación ante el Tribunal de Cuentas, organismo competente para su evaluación integral, y remarcó que no permitirán que “el desorden financiero acumulado durante 2024 —que fue precisamente lo que motivó la intervención— se utilice ahora para intentar invertir la carga de la responsabilidad”
Redaccion de 7Paginas
