Desde el municipio de Colón, el primer planteo apunta al impacto visual y paisajístico de una obra de gran magnitud ubicada prácticamente sobre la costa, lo que –según expresan– podría afectar la imagen turística de la zona.
Sin embargo, también surgieron inquietudes más profundas vinculadas al ambiente, como la eventual contaminación del aire y del agua del río Uruguay.
Uruguay defiende el proyecto
El intendente sanducero respondió señalando que la empresa desarrolladora debe cumplir con todas las exigencias y garantías técnicas para evitar cualquier daño ambiental. Olivera recordó que el proyecto producirá combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde y tendrá como destino el mercado europeo:
“Nada va a ingresar al mercado europeo si en su génesis hay algo que contamina”, aseguró, defendiendo la fiabilidad del proceso productivo y de los controles exigidos por el Estado uruguayo.
Preocupación en el sector pesquero
No obstante, voces del sector productivo y turístico de la región argentina dieron señales de alerta. Un empresario de Concordia manifestó que, sin controles estrictos: “Esto puede marcar el inicio del deterioro irreversible de la pesca deportiva en la región de Salto Grande”.
El análisis se basa en la realidad biológica del río: el tránsito de especies hacia el norte se detiene al impactar con la represa de Salto Grande. Cualquier contaminación pesada –química o térmica– en esa zona podría afectar la fauna ictícola a lo largo de todo el corredor uruguayo-argentino aguas arriba.
Reclamos por mayor participación en los controles
Lo que genera malestar del lado argentino es el silencio institucional. Hasta el momento, no hubo pronunciamientos públicos de intendentes de la costa del Uruguay ni de representantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), pese a que la obra se instala sobre un curso binacional cuya administración y protección es compartida.
Empresarios y actores turísticos locales de Concordia señalan que, aunque la pesca deportiva mueve economía, empleo y turismo en la región, todavía “no ha logrado entrar en la agenda de varios gobiernos locales”.
Por eso consideran necesario que intendentes, gobiernos provinciales y CARU soliciten informes ambientales, monitoreos independientes y auditorías binacionales, especialmente teniendo en cuenta antecedentes en la región donde obras industriales avanzaron antes que los estudios completos de impacto.
Un debate que recién empieza
La obra en Paysandú abre una discusión que va más allá de una planta industrial. Pone sobre la mesa el futuro del río Uruguay, su biodiversidad, el turismo que sostiene a cientos de familias y la responsabilidad compartida de gestionar un ecosistema que no pertenece sólo a un país, sino a toda una región que vive, trabaja y produce gracias a él. El debate ambiental ya está en marcha. Falta ahora que las instituciones hablen.
Del lado uruguayo también admiten algo clave: Se trata de un tema nuevo, complejo, con muchos grises legales, apoyos políticos y ambientalistas. Los informes son públicos, sí, pero cuando la política entra en juego los controles suelen fallar. Y si eso ocurriera, el impacto ambiental en el río Uruguay podría ser severo.
Diauno
