El caso tomó estado público tras el testimonio de Tamara Godoy, presidenta de la Federación Universitaria de Entre Ríos, quien denunció haber sufrido situaciones de violencia mientras trabajaba en la Legislatura provincial durante 2024.
Aunque en su publicación original no mencionó nombres, posteriormente se vinculó su relato con el entorno del legislador socialista. Según se pudo saber, la nueva presentación incluiría el testimonio de un exempleado legislativo y se encuentra actualmente en etapa de asesoramiento legal.
“Es una situación muy difícil”, indicaron fuentes cercanas al caso, aunque confirmaron que la denuncia será formalizada y dada a conocer públicamente.
Un testimonio que generó impacto
En su descargo difundido en redes sociales, Godoy describió un contexto laboral atravesado por el maltrato y la presión. “La violencia no se expresa de una sola manera, puede aparecer en gritos y gestos intimidatorios, pero también en palabras que degradan y en el uso del poder para disciplinar”, expresó.
Además, señaló que lo que debía ser un espacio de aprendizaje “terminó convirtiéndose en un ámbito atravesado por el miedo, la tensión permanente y el desgaste emocional”.
Repercusiones políticas y sociales
El caso generó una fuerte repercusión en distintos sectores. Un grupo de mujeres exmilitantes del Partido Socialista hizo público un pronunciamiento en el que respaldaron a Godoy y denunciaron situaciones similares.
“La conducta violenta no es una novedad”, afirmaron, al tiempo que explicaron que muchas de ellas se alejaron del espacio político debido a situaciones de maltrato que, según indicaron, estaban naturalizadas.
En ese contexto, citaron una frase de María Elena Walsh para expresar su posicionamiento: “A pesar de todo, nos ha hermanado nuestra común condición de sombras”.
Pedido de intervención institucional
A nivel legislativo, el tema también llegó a la Cámara de Diputados. Legisladoras del bloque Frente Más para Entre Ríos solicitaron la intervención del presidente del cuerpo, Gustavo Hein, ante la gravedad de las denuncias.
En la presentación, remarcaron que los hechos no solo involucran conductas individuales, sino que comprometen la responsabilidad institucional de garantizar el respeto a los derechos humanos, especialmente en materia de violencia de género.
En ese sentido, citaron la Ley Nacional 26.485 y la Ley Provincial 10.956, que establecen marcos de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Un caso en desarrollo
Mientras se aguarda la formalización de la nueva denuncia, el caso continúa generando repercusiones en el ámbito político entrerriano.
Las próximas definiciones judiciales y eventuales decisiones institucionales serán claves para determinar el rumbo de una situación que ya trascendió el plano individual y se instaló en el centro del debate público.
Con información de Entre Rios Ahora
Redacción de 7Paginas
