La resolución judicial marca un paso decisivo hacia la realización del juicio oral, luego de 13 años de dilaciones, intentos de juicios abreviados frustrados y un extenso proceso iniciado en 2012 tras una nota periodística publicada por la revista Análisis, bajo el título “Los negocios del diputado”.
Enriquecimiento ilícito: el núcleo de la acusación
El principal cargo contra Allende se basa en un incremento patrimonial desproporcionado entre los años 2000 y 2016 —cuando se desempeñó como legislador provincial—, por un monto estimado de 10,4 millones de pesos y 64.000 dólares a valores históricos, además de otros conceptos no cuantificados.
Según el juez, Allende habría utilizado a su esposa Adriana Satler, su exesposa Diana Traverso y sus hijos Julio y Victoria Allende como personas interpuestas para ocultar su verdadero patrimonio. Las pruebas incluyen adquisiciones de bienes, sociedades comerciales y gastos no justificados, como el mantenimiento de caballos de carrera y viajes internacionales.
El magistrado dio especial valor a las pericias contables del fiscal Héctor Enrique, quien concluyó que los ingresos declarados no alcanzaban para justificar el nivel de vida y adquisiciones del exdiputado y su entorno. En contraposición, descartó el informe de los peritos defensores, al considerar que presentaba un “notorio apego” a las declaraciones juradas de Allende, sin sustento documental suficiente.
También se señaló que la hija del sindicalista, Victoria Allende, adquirió vehículos incluso siendo menor de edad y sin ingresos registrados; mientras que su hijo Julio realizó aportes económicos considerables a empresas vinculadas a la familia, sin respaldo contable sólido.
Negociaciones incompatibles: el rol de la Fundación Esperanza
El segundo hecho por el que fue procesado Allende involucra su vínculo con la Fundación Esperanza, una entidad que recibió subsidios no reintegrables por un total de $984.000 entre 2008 y 2011, mientras él era diputado provincial. Allende figuraba como presidente y su esposa Adriana Satler como presidenta posterior.
El juez Zoff determinó que ambos intervinieron directamente en la tramitación, solicitud y cobro de los subsidios, firmando los pedidos y rendiciones. A pesar de que los fondos fueron correctamente utilizados, el magistrado subrayó que el delito radica en la incompatibilidad ética y legal de un funcionario público gestionando fondos estatales para una entidad que dirige.
En este hecho, Allende fue procesado como autor, y Satler como partícipe necesaria. En tanto, su hija Victoria Allende fue sobreseída de este cargo al no probarse su participación directa.
La causa: una trama de poder, bienes y encubrimientos
El fallo también establece que todos los procesados actuaron con conocimiento e intención (dolo), buscando concretar una maniobra ilegal. El juez ordenó además un embargo de bienes por $4.000 para cada uno de los imputados, y destacó la relevancia de las pericias contables, aunque aclaró que no son vinculantes, sino elementos clave en la valoración judicial.
Con esta decisión, José Ángel Allende —uno de los sindicalistas más poderosos de la provincia de Entre Ríos y figura clave del PJ— queda cada vez más cerca de enfrentar un juicio oral por delitos que comprometen no solo su rol como dirigente político, sino también su integridad como funcionario público.
Desde distintos sectores políticos y judiciales, se espera que esta causa, que lleva más de una década, pueda finalmente ser juzgada en tiempo razonable y con plena transparencia.
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